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"La Paguica"
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La reciente visita del Papa León XIV a España, gracias a una carta del Sindicato de Inquilinas entregada por la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, a Su Santidad, ha devuelto el protagonismo mediático a una de las principales causas generadoras de pobreza en nuestro país. La vivienda.
La sociedad española está atravesando por un periodo de desinformación y manipulación mediática e institucional que ha sobrepasado con creces el nivel de preocupación para establecerse en la cota inadmisible, dado que está poniendo en peligro los principios mismos del Estado de derecho.
Una de las figuras más socorridas para quienes asesinan el derecho a una información veraz que asiste a cualquier sociedad democrática es la de la inmigración, y una de las armas más usadas por los mercenarios a sueldo de la mentira y la confusión es la “paguica” que reciben los inmigrantes.
Por fortuna, la red de protección social española está formada por un amplio conjunto de prestaciones económicas destinadas a garantizar unos ingresos mínimos que permitan la supervivencia de familias en situación de vulnerabilidad, y aunque el debate público suele centrarse en quién recibe ayuda y la cuantía de la misma, lo cierto es que suele ser un debate viciado en origen a causa de la información, generalmente errónea, cuando no falsa, que el ciudadano recibe por parte de unos medios de comunicación parciales y claramente convertidos en medios de propaganda, salvo honrosas excepciones.
En España existe un amplio abanico de prestaciones para las que se requieren requisitos diferentes; existen distintos controles administrativos y sus cuantías varían según la situación económica y familiar de cada beneficiario. Entre las ayudas estatales, la más importante es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en 2020 y gestionado por la Seguridad Social, una prestación cuyo objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a hogares con ingresos insuficientes. Se trata de una prestación que no está sujeta a una cuantía determinada o en igualdad para todos los beneficiarios, sino que consiste en una cantidad que complementa los ingresos existentes en la familia hasta alcanzar un umbral determinado por ley. Una “paguica” de la que, según los datos oficiales de la Seguridad Social, se benefician alrededor de 800.000 familias —en torno a 2,5 millones de personas, de las que el 80% son de nacionalidad española—, de las que más de la mitad cuentan con menores a cargo, y cuya cuantía varía según los miembros de la unidad familiar, pudiendo alcanzar una cantidad máxima en familias numerosas de 1.600 euros al mes, atendiendo a los complementos específicos destinados a proteger a la infancia. Uno de los requisitos para poder solicitar esta prestación es el de residir legalmente en España de forma continuada durante al menos un año —este solo requisito ya desmonta el bulo sobre la reciente regularización de inmigrantes—, y el beneficiario ha de encontrarse por debajo de determinados límites de renta y patrimonio.
Existen otras ayudas relevantes, por ejemplo las pensiones no contributivas, dirigidas a personas mayores o con discapacidad que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión ordinaria, establecidas en unos 629 euros mensuales distribuidos en catorce pagas, y de las que se benefician más de 470.000 personas, de las que el 90% son mujeres de edad avanzada y nacionalidad española.
Respecto al perfil de los beneficiarios, los datos oficiales muestran que los principales receptores de ayudas económicas son ciudadanos españoles con ingresos muy reducidos, la mayoría familias con menores, personas desempleadas de larga duración, pensionistas con escasos recursos y personas con discapacidad.
Las principales ayudas sociales en España —IMV, RMI, subsidios de desempleo, PNC— son percibidas mayoritariamente por ciudadanos españoles, ya que la proporción de extranjeros beneficiarios no supera el 30% en ninguna de las grandes prestaciones, y en la mayoría de ellas se sitúa muy por debajo, dado que el acceso a las mismas está condicionado principalmente por la situación económica, pero también por requisitos legales establecidos.
Las administraciones cruzan información fiscal, laboral y patrimonial con organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los servicios autonómicos de empleo. Además, los beneficiarios están obligados a comunicar cualquier cambio relevante en sus ingresos, y el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión de la prestación y a la devolución de cantidades indebidamente percibidas.
El sistema español de ayudas sociales constituye una red de seguridad destinada a evitar situaciones de pobreza extrema y exclusión social, con cuantías —incluso las que pueden parecer elevadas— que hacen inviable el abuso de unas ayudas sometidas, además, a un control tan riguroso que hace de la posibilidad de fraude una opción prácticamente imposible.
La idea instalada en una buena parte de la sociedad española de que los perceptores de prestaciones viven dignamente y no necesitan trabajar está generada en la irresponsabilidad y la mala intención de algunas fuerzas políticas que subsisten sembrando odio y recelo.
La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Mientras el precio de los alquileres alcanza máximos históricos y los desahucios continúan afectando a miles de familias cada año, la Iglesia católica, que se posiciona públicamente del lado de los humildes y se muestra solidaria con quienes son despojados de su hogar por un sistema depredador, mantiene, no obstante, una significativa posición depredadora dentro del sistema, consolidada como una de las mayores propietarias de patrimonio inmobiliario. Una dualidad que está generando controversia sobre el papel que desempeña la Iglesia católica en el mercado de la vivienda.
La primera dificultad que el periodista encuentra cuando decide investigar el patrimonio eclesiástico es la absoluta falta de transparencia sobre el volumen exacto de inmuebles residenciales que posee la Iglesia. A diferencia de las grandes compañías de inversión o los fondos inmobiliarios, no existe, en relación con la Iglesia, un registro unificado que permita conocer cuántas viviendas son propiedad de diócesis, parroquias, órdenes religiosas, congregaciones, fundaciones o entidades vinculadas al entramado católico.
Según los datos de la Conferencia Episcopal Española, son miles los inmuebles bajo titularidad eclesiástica. Según esos datos, la Iglesia administra más de 3.000 bienes declarados de interés cultural, además de un vasto patrimonio compuesto por templos, edificios, centros asistenciales y otras propiedades. Sin embargo, no ofrece una cifra global sobre las viviendas destinadas al alquiler o a la explotación económica. Una ausencia de información que ha alimentado las críticas de organizaciones y activistas por el derecho a una vivienda digna, que reprochan que una institución con elevados fines asistenciales y semejante patrimonio no solo no haga un esfuerzo para aumentar la oferta de alquiler asequible, sino que sea uno de los principales causantes de desahucios en España.
En los últimos años hemos conocido diversos casos de conflicto entre inquilinos y entidades vinculadas a la Iglesia. Uno de los casos más recientes ha sido denunciado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que acusa a organizaciones relacionadas con el Arzobispado de Madrid, como la Fundación FUSARA y la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, de aumentar desorbitadamente el precio del alquiler de sus inmuebles, así como de no renovar contratos o ejecutar desalojos de personas en situación vulnerable.
Es importante subrayar que no existen estadísticas oficiales que permitan determinar cuántos desahucios han sido promovidos por entidades eclesiásticas en España. Los datos judiciales agrupan los lanzamientos según su naturaleza —hipotecarios o derivados de contratos de arrendamiento—, pero no identifican la condición del propietario. Por ello, cualquier cifra global sobre desahucios ejecutados por la Iglesia sería especulativa y carecería de rigor. Sin embargo, lo que sí muestran las estadísticas es la magnitud general del problema. En 2025 se ejecutaron más de 25.500 desahucios en España, y aproximadamente tres cuartas partes estuvieron relacionados con alquileres.
Esta realidad plantea una pregunta incómoda: ¿puede una institución que proclama la defensa de los pobres actuar simultáneamente como arrendador que exige rentas de mercado o impulsa procedimientos de desalojo?
La respuesta dentro de la propia Iglesia dista mucho de ser unánime. El cardenal Joan Josep Omella, por ejemplo, denunció en 2024 que los alquileres excesivos y los desahucios convierten el derecho constitucional a la vivienda en una auténtica “pesadilla” para miles de personas. En la misma línea, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, realizó un llamamiento explícito para que los propietarios cristianos alquilen sus viviendas por debajo de los precios de mercado y eviten comportamientos puramente rentistas.
Sin embargo, la paradoja se vuelve evidente cuando se analiza la labor social desarrollada por organizaciones católicas. La propia Conferencia Episcopal sostiene que la Iglesia atiende cada año a cerca de cuatro millones de personas mediante más de 8.800 centros sociales y asistenciales, muchos de ellos gestionados por Cáritas y otras organizaciones vinculadas al ámbito eclesial, todo ello mientras promueve desahucios de familias vulnerables e incrementa el precio de los alquileres de sus propiedades hasta extremos inasumibles para el ciudadano medio.
La principal organización asistencial de la Iglesia Católica, Cáritas, se ha convertido en una de las voces que más elevan el tono en la denuncia de la emergencia habitacional. Diversas diócesis han cedido viviendas para programas de alojamiento temporal y la organización ha reclamado públicamente que numerosos edificios que están cerrados o infrautilizados puedan destinarse a vivienda social. En algunos lugares de España, la entidad gestiona programas de alojamiento apoyados por inmuebles cedidos por la diócesis.
No obstante, y a pesar del compromiso asistencial de Cáritas, la cuestión no es únicamente el número de personas que atiende la Iglesia, sino si se está utilizando de forma coherente todo su patrimonio inmobiliario. Desde esta perspectiva, podemos decir que la Iglesia Católica mantiene una actitud hipócrita porque, mientras predica la función social y la urgencia de disponer de un parque de viviendas asequibles y dignas, se niega a difundir públicamente el número de viviendas que posee y a renunciar a cualquier práctica que pueda desembocar en el desalojo de personas vulnerables.
La acumulación de propiedades de la Iglesia es una cuestión que trasciende el ámbito religioso y requiere de un debate más amplio sobre la responsabilidad social de los grandes propietarios de vivienda en un país donde el acceso a la misma se ha convertido en una emergencia nacional.
La Iglesia católica española se encuentra en una posición especialmente delicada porque sus actuaciones no se juzgan únicamente desde criterios económicos o legales, sino también desde los principios morales que la propia Iglesia proclama.
Mientras continúe existiendo opacidad sobre el volumen real de viviendas que controla y sigan apareciendo conflictos entre entidades eclesiásticas e inquilinos, la distancia entre la doctrina social de la Iglesia y determinadas prácticas especulativas seguirá siendo objeto de debate público. Y, en una sociedad cada vez más sensibilizada con el problema de la vivienda, ese no puede ser un elemento que mantenga la casa sin barrer.
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¡NOS HAN MATADO LA ALEGRÍA!
Josemi Montalbán.
El logro histórico de los chavales de la selección española de fútbol nos ha regalado la satisfacción de ver pasear por las calles de la capital de España, en representación de las de toda la nación, el trofeo más codiciado del mundo del balompié. Su victoria ha propiciado un clima de unión y de alegría colectiva, una singularidad poco habitual en una España crispada y más que polarizada tanto por unos medios de comunicación definitivamente inclinados al disparate y la manipulación sectaria en favor de uno de los <<púgiles políticos>>, el de la derecha.
Esa polarización tiene mucho que ver con la irresponsable e interesada actitud de unos políticos muy mediocres que, incapaces de ofrecer soluciones a los graves problemas que padece el país —muchos de ellos generados por esos mismos políticos ineptos—, fían sus aspiraciones de alcanzar el poder a una estrategia de confrontación social basada en mentir, manipular, intoxicar y prevaricar. Nada importa si eso les devuelve al Gobierno y al control de los fondos del Estado.
Los chicos de «La Roja» han propiciado una «tregua» social que no interesa a quienes nada tienen que ofrecer salvo odio y división. A quienes por todo argumento nos escupen al rostro mentiras y acusaciones gratuitas.
Por eso, inmediatamente después de concluir las celebraciones por la consecución del Campeonato del Mundo de Fútbol, el clan troglodita de VOX y sus siervos de la banda de extrema derecha Partido Popular han roto esa tregua, aprovechando un incidente aislado entre grupos radicales de extrema derecha y el nacionalismo vasco, ocurrido en Bilbao durante las celebraciones, para incendiar de nuevo la vida política y crispar a una sociedad incapaz de diferenciar la mentira de la realidad, eficazmente pastoreada por unos medios de comunicación complacientes con quienes les dan de comer. Una masa embrutecida y abducida por mantras fascistas que siembran el odio y arriman la cerilla al bidón de gasolina, utilizando torticeramente, una vez más, el infame recuerdo que la banda terrorista ETA dejó grabado en la memoria de los españoles.
Han instrumentalizado un hecho aislado y condenable para asesinar la calma y romper de nuevo la convivencia, sobredimensionando un incidente que incluso ha llegado a ser calificado de «revuelta», cuando no hubo víctimas en ninguno de los bandos. Al fin y al cabo, no fue más que una pelea de bar. Sin embargo, pretenden hacer creer que los «cachorros de ETA» vuelven a sembrar el caos por toda España, según puede deducirse de las declaraciones de esos bocazas trogloditas y de sus siervos franquistas, que vuelven a recurrir a su vieja estrategia de enfrentar a los españoles, de fomentar el odio y las rencillas entre hermanos, una estrategia que tan buenos resultados les ha dado siempre. Su única opción para alcanzar el poder.
Nos han matado la alegría de nuevo.
Malditos sean.
No debería normalizarse que un responsable político se presente en el lugar de una tragedia como si fuese a protagonizar un reportaje fotográfico —igual hasta era esa la intención— sobre moda, luciendo un modelito de chaleco de lo más chic, con el cargo que ocupa bien visible para que nadie tenga dudas de quién manda.
La presencia de Isabel Díaz Ayuso en el centro de mando desde el que se coordinaban —ella, por cierto, no coordinaba nada— los medios que luchaban contra los pavorosos incendios sufridos por la Comunidad de Madrid a finales del pasado mes sería delirante, de no ser por la tragedia que la rodeaba.
(Sobre la visita del Papa León XIV a España)
"Le preocupa más el fascismo que a Felipe González" .
Gabriel Rufián . Parlamentario.
Cuando un responsable eclesiástico afirma públicamente que «cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones», no está haciendo una reflexión teológica ni un análisis moral abstracto; está lanzando una acusación explícita, revestida de autoridad religiosa, contra las instituciones democráticas del país. Y eso, en una democracia, aunque sea en una democracia tan presunta como la democracia española, merecería una crítica firme por parte de toda la sociedad, comenzando por las organizaciones políticas y terminando por doña Virtudes cuando vaya a comulgar en la misa de nueve. En democracia, el ciudadano Luis Argüello puede opinar lo que le plazca, pero el presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente de los curas españoles, no puede meterse en jardines políticos, máxime cuando está aceptando el millonario óbolo anual del Estado, de ese mismo Estado que él define como «banda de ladrones». No parece ético, serio ni coherente, y se aproxima más al fanatismo ideológico.
Argüello sostiene que «a las pruebas» se remite, pero evita concretar cuáles son esas pruebas, qué tribunales las han validado o qué responsabilidades políticas han sido depuradas. La insinuación permanente, el dedo que apunta sin precisar, es una estrategia conocida: sembrar odio, inculcar sospechas sin asumir el coste de no ofrecer ninguna evidencia.
Más preocupante aún es la deriva discursiva que presenta a la ciudadanía como masa pasiva, anestesiada por ayudas públicas y convertida en súbdita agradecida. Esa caricatura que ha dibujado del Estado del bienestar —«te doy una paguita y eres bueno, dócil y agradecido votante»— no solo ignora la realidad económica de millones de familias, que lo están pasando muy mal por culpa de un sistema depredador y avaricioso, de un liberalismo absolutista y criminal, sino que reproduce un viejo paternalismo eclesial que pretende dictar cómo debe comportarse el buen cristiano, en un país como España, sujeto aún a la cadena religiosa y en el que la secta católica mantiene una enorme influencia entre la población.
Existe un cementerio de ballenas con millones de años de antigüedad
Un equipo internacional de investigadores ha documentado en el océano Índico lo que ya se considera el mayor cementerio de ballenas jamás registrado. El hallazgo se sitúa en la fractura Diamantina, una profunda depresión marina al oeste de Australia que desciende hasta más de 7.000 metros. Allí, los vehículos autónomos utilizados en la expedición han identificado 485 esqueletos de cetáceos, aunque las estimaciones científicas elevan la cifra potencial a millones de restos acumulados a lo largo de millones de años.
La datación preliminar sitúa buena parte de los huesos en torno a los 5,3 millones de años, coincidiendo con el inicio del Plioceno. La excepcional conservación se explica por la escasez de sedimentos en esta región oceánica, lo que ha permitido que los esqueletos permanezcan expuestos sin quedar enterrados. La topografía en forma de canal de la fractura actúa, según los investigadores, como un embudo natural que concentra los cadáveres de cetáceos que mueren en mar abierto y se hunden lentamente hasta el fondo.
El descubrimiento abre una ventana inédita a la historia evolutiva de los cetáceos y a la dinámica ecológica de las profundidades oceánicas, un territorio aún poco explorado pese a su importancia para comprender el pasado —y el futuro— de los mares.
Agosto es un mes cargado de festejos y celebraciones. Dentro de las conmemoraciones internacionales tenemos, como más destacado, el Día de la Alegría (1/08), el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas (9/08), el Día Internacional de la Juventud (12/08), el Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo (21/08) o la Semana del Agua, que comienza el día 24. Pero, sin duda, nuestro favorito es el Día Internacional de las Patatas Fritas y el Día Mundial del Mosquito (20/08).
Miles de fallecidos en Europa a consecuencia de la ola de calor.
La emergencia climática se hace visible con rostro, nombre y apellidos de los cientos de ciudadanos que han muerto en una Europa que atraviesa una de las olas de calor más severas de los últimos años y los efectos ya se traducen en un aumento significativo de la mortalidad. Bélgica ha confirmado más de 1.200 fallecimientos asociados a las altas temperaturas en apenas dos semanas, según datos del Instituto de Salud Pública Sciensano, que advierte de un “exceso de mortalidad inusual”.
En España, el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) estima más de 1.000 muertes atribuibles al calor extremo. Francia y Alemania también han reportado incrementos en ingresos hospitalarios por golpes de calor, deshidratación, alteraciones y fallos multiorgánicos, especialmente entre mayores de 75 años.
Los servicios meteorológicos europeos coinciden en que la persistencia de temperaturas superiores a 40 °C en amplias zonas del continente está vinculada a la intensificación de las dorsales subtropicales, un patrón atmosférico reforzado por el calentamiento global.
Expertos del Centro Europeo para el Control de Enfermedades alertan de que estas cifras podrían aumentar si las olas de calor continúan prolongándose y recomiendan reforzar los planes de prevención, especialmente en áreas urbanas densas y regiones mediterráneas.
Cataluña impulsa un estudio biométrico durante el eclipse.
Cataluña ha puesto en marcha un ambicioso estudio biométrico con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que no se repetirá en la región hasta dentro de varias décadas.
El proyecto, impulsado por el Govern y coordinado por un equipo multidisciplinar de médicos, físicos y especialistas en cronobiología, busca reclutar 5.000 voluntarios para analizar cómo un cambio brusco en la luminosidad ambiental puede influir en diversos parámetros fisiológicos.
Durante los minutos de oscuridad total, los participantes llevarán sensores que medirán frecuencia cardíaca, variaciones en la temperatura corporal, actividad eléctrica de la piel y patrones de respiración, además de registrar posibles alteraciones en la percepción visual y el equilibrio. El objetivo es comprender cómo responde el organismo humano ante una interrupción repentina del ciclo luz‑oscuridad, un aspecto que podría aportar información valiosa para estudios sobre ritmos circadianos, salud mental y adaptación a entornos extremos.
El proyecto, denominado Solaris, también evaluará el impacto emocional del eclipse, integrando cuestionarios antes y después del evento. Los investigadores destacan que esta oportunidad es única: un laboratorio natural a escala masiva que permitirá observar reacciones humanas difíciles de reproducir en condiciones controladas. Según el Govern, los resultados preliminares estarán disponibles a finales de año.
¿Los primeros pasos hacia la escritura hace 40.000 años?
Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha reabierto el debate sobre el origen de la escritura al plantear que los primeros sistemas para registrar información podrían ser hasta 40.000 años más antiguos de lo que se creía.
La investigación, dirigida por el lingüista Christian Bentz y la arqueóloga alemana Ewa Dutkiewicz, analizó más de 260 objetos del Paleolítico Superior hallados en el Jura de Suabia (Alemania), datados entre hace 35.000 y 40.000 años. En ellos identificaron más de 3.000 signos grabados —líneas, puntos e incisiones— cuya distribución presenta patrones repetitivos que, según los autores, no parecen fruto del azar.
Los investigadores sostienen que estas marcas pudieron constituir un sistema de notación destinado a almacenar o transmitir información, aunque insisten en que no se trata de escritura en sentido estricto, ya que no existe evidencia de que representaran una lengua hablada.
La hipótesis ha despertado un notable interés en la comunidad científica, pero también cautela. Por ahora, el consenso sigue situando el nacimiento de la escritura hace unos 5.300 años en Mesopotamia. No obstante, el estudio refuerza la idea de que los primeros Homo sapiens desarrollaron sistemas simbólicos mucho más complejos de lo que hasta ahora suponíamos.
Antonio Vallejo-Nájera: un carnicero al servicio de Franco
Tras el final de la Guerra Civil española, la represión franquista no solo se apoyó en tribunales militares, cárceles, torturas y ejecuciones. También buscó justificar sus atrocidades mediante un discurso pretendidamente científico. En ese contexto destacó la figura del psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, cuyas absurdas "investigaciones" constituyen uno de los episodios más controvertidos y debatidos de la historia médica de España.
Influido por las teorías eugenésicas y el racismo biológico que gozaban de cierta difusión en la Europa de entreguerras —aunque adaptadas al nacionalcatolicismo español—, Vallejo-Nájera defendía que el marxismo respondía a una supuesta inferioridad psicológica y moral.
Entre 1938 y 1939, dirigió "investigaciones" sobre prisioneros republicanos, especialmente en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña (Burgos), donde fueron examinados combatientes de las Brigadas Internacionales. También "estudió" a mujeres republicanas encarceladas en la prisión de Málaga. intentando demostrar que los militantes de izquierdas presentaban rasgos intelectuales y morales inferiores.
Sostuvo la existencia de una predisposición psicológica hereditaria hacia el marxismo y la delincuencia política, una tesis desacreditada tanto por la genética como por la psiquiatría modernas.
Sus disparatadas teorías tuvieron consecuencias que trascendieron el ámbito académico. Sirvieron para justificar políticas represivas del régimen, entre ellas la separación de miles de hijos de presas republicanas de sus madres, bajo el argumento de evitar que crecieran en un ambiente considerado "degenerado". Estas prácticas contribuyeron a la política de tutela, internamiento y adopción forzosa desarrollada durante la dictadura.
La comunidad científica actual considera los trabajos de Vallejo-Nájera un ejemplo de instrumentalización política de la ciencia. Lejos de responder a criterios de investigación rigurosa, sus estudios buscaron proporcionar una apariencia de legitimidad médica a la persecución ideológica impulsada por el franquismo, convirtiéndose en un recordatorio de los riesgos que supone subordinar el conocimiento científico a los intereses de un régimen autoritario.
El beso de la muerte de Trump
Por: Thomas B. Edsall
Trump es uno de los presidentes más torpes —si no el más torpe— en la historia de la nación.
Donald Trump es el presidente de la mala mano.
Empecemos por lo pequeño. Persuadió a la FIFA para que anulara la suspensión de un partido del delantero estadounidense Folarin Balogun, después de lo cual la selección masculina de fútbol de Estados Unidos sufrió una humillante derrota de 4-1 ante Bélgica.
Cuando Trump anunció por primera vez los planes para renovar la Piscina Reflectante del Monumento a Lincoln, dijo que costaría 1,5 millones de dólares. El 15 de julio, The Associated Press informó que a pesar de esta promesa inicial, “la factura se disparó a más de 16 millones de dólares para junio. Trump había dicho que las reparaciones durarían un siglo, pero a los pocos días de la finalización inicial del proyecto el mes pasado, el agua fue invadida por una proliferación de algas y pedazos del nuevo recubrimiento parecían estarse despegando del fondo”.
Sevilla, la ciudad del Guadalquivir .
En Sevilla basta caminar unos minutos por su centro histórico para comprender por qué ha sido, durante siglos, uno de los grandes escenarios del Mediterráneo.
El corazón monumental de la ciudad se articula en torno al Real Alcázar, uno de los palacios en uso más antiguos de Europa, cuya arquitectura mezcla el refinamiento almohade con la exuberancia mudéjar y los añadidos renacentistas de los Austrias. A pocos metros se alza la Catedral de Santa María de la Sede, construido sobre la antigua mezquita mayor. Su campanario, la Giralda, conserva la estructura del alminar almohade del siglo XII, recordando que Sevilla fue durante siglos una de las capitales de al‑Ándalus.
El Barrio de Santa Cruz, con sus calles estrechas, patios encalados y plazas diminutas donde la luz se filtra como si fuera un personaje más. En contraste, la Sevilla moderna se despliega en la Avenida de la Constitución, en la ribera del Guadalquivir y en los espacios abiertos de la Exposición Iberoamericana de 1929, con la Plaza de España como icono indiscutible: un semicírculo monumental de ladrillo, cerámica y agua que resume la estética regionalista del primer tercio del siglo XX.
Pero Sevilla no es solo monumentalidad. Es también una ciudad que late en sus mercados, en sus bares y en sus barrios populares. El Mercado de Triana, situado junto al puente de Isabel II, ofrece una inmersión directa en la gastronomía local: pescados del Golfo de Cádiz, chacinas de la Sierra Norte, frutas de la vega y una cultura culinaria que combina tradición y sencillez. En Triana, además, se conserva la memoria del barro y del flamenco, dos artes que han definido la identidad sevillana durante generaciones.
(Referido al movimiento LGTBI+l)
"“Orgullo pedófilo comunista y putañero socialista”.
Federico Jiménez Losantos. Acérrimo demócrata.
El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, el cielo sobre Hiroshima se abrió con una luz tan intensa como cegadora. La bomba atómica “Little Boy”, lanzada por el bombardero estadounidense Enola Gay, detonó a unos 600 metros de altura y convirtió una ciudad de 350.000 habitantes en un inmenso cementerio. En cuestión de segundos murieron alrededor de 70.000 personas, y otras decenas de miles fallecieron en los días y meses posteriores por quemaduras, heridas y efectos de la radiación. Era el inicio de la era nuclear.
La decisión de lanzar la bomba se justificó entonces como un intento de acelerar el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el impacto moral y ético del ataque trascendió cualquier cálculo militar. Hiroshima se convirtió en un símbolo universal: el recordatorio de que la utilización perversa de la Paz, también producir monstruos.
Capitulo II
De los derechos y libertades
Artículo XXV
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
