Guerra Civil. 90 años del golpe de Estado que destruyó la democracia española .
Jaime Tenorio.
Agosto/26.
El 17 de julio de 1936 un grupo de militares traidores llevaba a cabo un golpe de Estado contra el Gobierno de la Segunda República. El golpe fracasó, sin embargo las fuerzas en el protectorado español de Marruecos se sublevaron contra el legítimo gobierno de España. Al día siguiente, la sublevación se extendió a la península. Noventa años después, los historiadores echan abajo el mito franquista: no fue una reacción improvisada a un supuesto caos revolucionario, sino una conspiración cuidadosamente preparada durante meses con el objetivo de acabar con un régimen democrático de la II República y sustituirlo por un sistema autoritario y monárquico.
Los principales traidores responsables de la conspiración fueron los generales Emilio Mola, Francisco Franco, José Sanjurjo y Gonzalo Queipo de Llano, con el respaldo de importantes grupos monárquicos, organizaciones de extrema derecha, algunas familias nobiliarias, grandes fortuna, sectores del gran empresariado, buena parte de la oligarquía agraria y la jerarquía eclesiástica. La historiografía ha desmontado otra de las falacias que durante estos 90 años ha manejado el fascismo español como sagrada, documentando ampliamente que el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, ocurrido el 13 de julio de 1936, aceleró los tiempos del golpe, pero no lo originó: la conspiración estaba organizada con anterioridad, como acreditan las instrucciones reservadas redactadas por Mola desde la primavera de ese año.
El golpe de estado de los fascistas fracasó en su objetivo inmediato de tomar el poder en pocos horas porque encontró una fuerte resistencia en amplios sectores del Ejército, de las fuerzas de seguridad leales al Gobierno y de la mayor parte de la población civil. Ese fracaso convirtió el pronunciamiento en una guerra civil que se prolongaría hasta el 1 de abril de 1939, dejando cientos de miles de muertos, una devastación económica y social sin precedentes y el camino abierto a una dictadura que perduró casi cuarenta años.
Los propios documentos de los sublevados desmienten cualquier interpretación que presente la insurrección como una defensa de la legalidad. En sus instrucciones secretas, el general Mola ordenaba ejercer una represión "en extremo violenta" para eliminar toda resistencia política y social. Aquellas directrices se tradujeron desde los primeros días en represión, asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones y una política sistemática de terror en los territorios controlados por los insurgentes, hechos ampliamente documentados por investigaciones académicas y judiciales.
El asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, ocurrido el 13 de julio de 1936, aceleró los tiempos del golpe, pero no lo originó
La lealtad a la Republica mostrada por la mayor parte de las fuerzas armadas, puso en serias dificultades el triunfo de los traidores que recurrieron entonces a ayuda extranjera que se le ofrecía, propiciando la intervención militar de la Alemania nazi de Adolf Hitler y de la Italia fascista de Benito Mussolini internacionalizando el conflicto con unas fuerzas que resultaron decisivas para inclinar la balanza militar a favor de los sublevados. La República, por el contrario, sufrió el aislamiento derivado de la política de no intervención impulsada por Reino Unido y Francia, de modo que solo recibió ayuda militar de la Unión Soviética y el apoyo de las Brigadas Internacionales.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978, España se define como un Estado social y democrático de derecho. En ese marco constitucional, el golpe de julio de 1936 constituye un ataque frontal contra la legalidad democrática entonces vigente, representada por la Constitución republicana de 1931 y por un Gobierno surgido de las urnas. La actual Ley 20/2022, de Memoria Democrática, reafirma esta interpretación institucional al condenar expresamente el golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, reconociendo a las víctimas de la represión y promoviendo el deber público de preservar la memoria democrática.
Noventa años después, el rigor histórico exige distinguir entre memoria, interpretación y hechos. Entre estos últimos existe uno indiscutible: la Guerra Civil no comenzó por el derrumbe espontáneo del Estado, sino por un golpe militar contra un gobierno legítimo que no logró imponerse de inmediato. Recordar ese hecho con fidelidad documental no responde a una posición ideológica, sino al compromiso con la verdad histórica y con la defensa de los principios democráticos que hoy sustentan la convivencia.
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