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"La Paguica"
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La reciente visita del Papa León XIV a España, gracias a una carta del Sindicato de Inquilinas entregada por la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, a Su Santidad, ha devuelto el protagonismo mediático a una de las principales causas generadoras de pobreza en nuestro país. La vivienda.
La sociedad española está atravesando por un periodo de desinformación y manipulación mediática e institucional que ha sobrepasado con creces el nivel de preocupación para establecerse en la cota inadmisible, dado que está poniendo en peligro los principios mismos del Estado de derecho.
Una de las figuras más socorridas para quienes asesinan el derecho a una información veraz que asiste a cualquier sociedad democrática es la de la inmigración, y una de las armas más usadas por los mercenarios a sueldo de la mentira y la confusión es la “paguica” que reciben los inmigrantes.
Por fortuna, la red de protección social española está formada por un amplio conjunto de prestaciones económicas destinadas a garantizar unos ingresos mínimos que permitan la supervivencia de familias en situación de vulnerabilidad, y aunque el debate público suele centrarse en quién recibe ayuda y la cuantía de la misma, lo cierto es que suele ser un debate viciado en origen a causa de la información, generalmente errónea, cuando no falsa, que el ciudadano recibe por parte de unos medios de comunicación parciales y claramente convertidos en medios de propaganda, salvo honrosas excepciones.
En España existe un amplio abanico de prestaciones para las que se requieren requisitos diferentes; existen distintos controles administrativos y sus cuantías varían según la situación económica y familiar de cada beneficiario. Entre las ayudas estatales, la más importante es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), creado en 2020 y gestionado por la Seguridad Social, una prestación cuyo objetivo es garantizar un nivel mínimo de renta a hogares con ingresos insuficientes. Se trata de una prestación que no está sujeta a una cuantía determinada o en igualdad para todos los beneficiarios, sino que consiste en una cantidad que complementa los ingresos existentes en la familia hasta alcanzar un umbral determinado por ley. Una “paguica” de la que, según los datos oficiales de la Seguridad Social, se benefician alrededor de 800.000 familias —en torno a 2,5 millones de personas, de las que el 80% son de nacionalidad española—, de las que más de la mitad cuentan con menores a cargo, y cuya cuantía varía según los miembros de la unidad familiar, pudiendo alcanzar una cantidad máxima en familias numerosas de 1.600 euros al mes, atendiendo a los complementos específicos destinados a proteger a la infancia. Uno de los requisitos para poder solicitar esta prestación es el de residir legalmente en España de forma continuada durante al menos un año —este solo requisito ya desmonta el bulo sobre la reciente regularización de inmigrantes—, y el beneficiario ha de encontrarse por debajo de determinados límites de renta y patrimonio.
Existen otras ayudas relevantes, por ejemplo las pensiones no contributivas, dirigidas a personas mayores o con discapacidad que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión ordinaria, establecidas en unos 629 euros mensuales distribuidos en catorce pagas, y de las que se benefician más de 470.000 personas, de las que el 90% son mujeres de edad avanzada y nacionalidad española.
Respecto al perfil de los beneficiarios, los datos oficiales muestran que los principales receptores de ayudas económicas son ciudadanos españoles con ingresos muy reducidos, la mayoría familias con menores, personas desempleadas de larga duración, pensionistas con escasos recursos y personas con discapacidad.
Las principales ayudas sociales en España —IMV, RMI, subsidios de desempleo, PNC— son percibidas mayoritariamente por ciudadanos españoles, ya que la proporción de extranjeros beneficiarios no supera el 30% en ninguna de las grandes prestaciones, y en la mayoría de ellas se sitúa muy por debajo, dado que el acceso a las mismas está condicionado principalmente por la situación económica, pero también por requisitos legales establecidos.
Las administraciones cruzan información fiscal, laboral y patrimonial con organismos como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o los servicios autonómicos de empleo. Además, los beneficiarios están obligados a comunicar cualquier cambio relevante en sus ingresos, y el incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la suspensión de la prestación y a la devolución de cantidades indebidamente percibidas.
El sistema español de ayudas sociales constituye una red de seguridad destinada a evitar situaciones de pobreza extrema y exclusión social, con cuantías —incluso las que pueden parecer elevadas— que hacen inviable el abuso de unas ayudas sometidas, además, a un control tan riguroso que hace de la posibilidad de fraude una opción prácticamente imposible.
La idea instalada en una buena parte de la sociedad española de que los perceptores de prestaciones viven dignamente y no necesitan trabajar está generada en la irresponsabilidad y la mala intención de algunas fuerzas políticas que subsisten sembrando odio y recelo.
La crisis de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad española. Mientras el precio de los alquileres alcanza máximos históricos y los desahucios continúan afectando a miles de familias cada año, la Iglesia católica, que se posiciona públicamente del lado de los humildes y se muestra solidaria con quienes son despojados de su hogar por un sistema depredador, mantiene, no obstante, una significativa posición depredadora dentro del sistema, consolidada como una de las mayores propietarias de patrimonio inmobiliario. Una dualidad que está generando controversia sobre el papel que desempeña la Iglesia católica en el mercado de la vivienda.
La primera dificultad que el periodista encuentra cuando decide investigar el patrimonio eclesiástico es la absoluta falta de transparencia sobre el volumen exacto de inmuebles residenciales que posee la Iglesia. A diferencia de las grandes compañías de inversión o los fondos inmobiliarios, no existe, en relación con la Iglesia, un registro unificado que permita conocer cuántas viviendas son propiedad de diócesis, parroquias, órdenes religiosas, congregaciones, fundaciones o entidades vinculadas al entramado católico.
Según los datos de la Conferencia Episcopal Española, son miles los inmuebles bajo titularidad eclesiástica. Según esos datos, la Iglesia administra más de 3.000 bienes declarados de interés cultural, además de un vasto patrimonio compuesto por templos, edificios, centros asistenciales y otras propiedades. Sin embargo, no ofrece una cifra global sobre las viviendas destinadas al alquiler o a la explotación económica. Una ausencia de información que ha alimentado las críticas de organizaciones y activistas por el derecho a una vivienda digna, que reprochan que una institución con elevados fines asistenciales y semejante patrimonio no solo no haga un esfuerzo para aumentar la oferta de alquiler asequible, sino que sea uno de los principales causantes de desahucios en España.
En los últimos años hemos conocido diversos casos de conflicto entre inquilinos y entidades vinculadas a la Iglesia. Uno de los casos más recientes ha sido denunciado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que acusa a organizaciones relacionadas con el Arzobispado de Madrid, como la Fundación FUSARA y la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, de aumentar desorbitadamente el precio del alquiler de sus inmuebles, así como de no renovar contratos o ejecutar desalojos de personas en situación vulnerable.
Es importante subrayar que no existen estadísticas oficiales que permitan determinar cuántos desahucios han sido promovidos por entidades eclesiásticas en España. Los datos judiciales agrupan los lanzamientos según su naturaleza —hipotecarios o derivados de contratos de arrendamiento—, pero no identifican la condición del propietario. Por ello, cualquier cifra global sobre desahucios ejecutados por la Iglesia sería especulativa y carecería de rigor. Sin embargo, lo que sí muestran las estadísticas es la magnitud general del problema. En 2025 se ejecutaron más de 25.500 desahucios en España, y aproximadamente tres cuartas partes estuvieron relacionados con alquileres.
Esta realidad plantea una pregunta incómoda: ¿puede una institución que proclama la defensa de los pobres actuar simultáneamente como arrendador que exige rentas de mercado o impulsa procedimientos de desalojo?
La respuesta dentro de la propia Iglesia dista mucho de ser unánime. El cardenal Joan Josep Omella, por ejemplo, denunció en 2024 que los alquileres excesivos y los desahucios convierten el derecho constitucional a la vivienda en una auténtica “pesadilla” para miles de personas. En la misma línea, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, realizó un llamamiento explícito para que los propietarios cristianos alquilen sus viviendas por debajo de los precios de mercado y eviten comportamientos puramente rentistas.
Sin embargo, la paradoja se vuelve evidente cuando se analiza la labor social desarrollada por organizaciones católicas. La propia Conferencia Episcopal sostiene que la Iglesia atiende cada año a cerca de cuatro millones de personas mediante más de 8.800 centros sociales y asistenciales, muchos de ellos gestionados por Cáritas y otras organizaciones vinculadas al ámbito eclesial, todo ello mientras promueve desahucios de familias vulnerables e incrementa el precio de los alquileres de sus propiedades hasta extremos inasumibles para el ciudadano medio.
La principal organización asistencial de la Iglesia Católica, Cáritas, se ha convertido en una de las voces que más elevan el tono en la denuncia de la emergencia habitacional. Diversas diócesis han cedido viviendas para programas de alojamiento temporal y la organización ha reclamado públicamente que numerosos edificios que están cerrados o infrautilizados puedan destinarse a vivienda social. En algunos lugares de España, la entidad gestiona programas de alojamiento apoyados por inmuebles cedidos por la diócesis.
No obstante, y a pesar del compromiso asistencial de Cáritas, la cuestión no es únicamente el número de personas que atiende la Iglesia, sino si se está utilizando de forma coherente todo su patrimonio inmobiliario. Desde esta perspectiva, podemos decir que la Iglesia Católica mantiene una actitud hipócrita porque, mientras predica la función social y la urgencia de disponer de un parque de viviendas asequibles y dignas, se niega a difundir públicamente el número de viviendas que posee y a renunciar a cualquier práctica que pueda desembocar en el desalojo de personas vulnerables.
La acumulación de propiedades de la Iglesia es una cuestión que trasciende el ámbito religioso y requiere de un debate más amplio sobre la responsabilidad social de los grandes propietarios de vivienda en un país donde el acceso a la misma se ha convertido en una emergencia nacional.
La Iglesia católica española se encuentra en una posición especialmente delicada porque sus actuaciones no se juzgan únicamente desde criterios económicos o legales, sino también desde los principios morales que la propia Iglesia proclama.
Mientras continúe existiendo opacidad sobre el volumen real de viviendas que controla y sigan apareciendo conflictos entre entidades eclesiásticas e inquilinos, la distancia entre la doctrina social de la Iglesia y determinadas prácticas especulativas seguirá siendo objeto de debate público. Y, en una sociedad cada vez más sensibilizada con el problema de la vivienda, ese no puede ser un elemento que mantenga la casa sin barrer.
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¡Será por libertad!
Josemi Montalbán.
Moramos —que lo de vivir es otra cosa— en un sistema que nos aseguran es perfecto, en el que los especuladores —el sistema los llama mercados, que suena más familiar y despista de lo que en verdad son. Vampiros— se autorregulan, controlan y nivelan el proceso de enriquecimiento de tal manera que la riqueza se reparte de forma más equitativa y se fomenta el progreso de las sociedades y, por ende, el de la especie humana. Pero se les olvida mencionar algunos ejemplos de este idílico sistema, como el “autorregulado” Elon Musk, cuya fortuna personal, estimada en más de 1,2 billones de dólares, es diez veces superior al presupuesto anual de un país como Portugal, por ejemplo, o cien veces superior al de El Salvador.
Nos aseguran que vivimos en una democracia plena, consolidada y cimentada sobre el principio de que la justicia es igual para todos. Sin embargo, somos millones de ciudadanos los que no podemos elegir al jefe de nuestro Estado, imposibilitados por unas constituciones restrictivas que nos permiten elegir, sí, pero sin pasarnos, que hay cosas que son sagradas, como las dinastías reales. Y tampoco todos podemos pagarnos un equipo de “superletrados” que dilaten, confundan, enreden y embadurnen los procesos hasta lograr, por cualquier “fallo”, la absolución de un cliente, que nunca somos nosotros.
Según nuestros manuales escolares, vivimos en una sociedad democrática, igualitaria, justa, avanzada, comprometida con los Derechos Humanos, donde nadie es discriminado por su condición personal, y así se lo explicamos a nuestros hijos en el colegio, antes de sentarlos delante de la televisión, donde ven guerras, injusticias, desigualdad y a un señor muy de extrema derecha radical diciendo que, desde mañana, los homosexuales tienen prohibido subir al autobús.
Nos bombardean con la idea de que somos libres. Libres para expresarnos, para pensar, para decidir, para elegir nuestro destino... Nos lo aseguran desde los púlpitos eclesiásticos, desde las poltronas políticas, desde los sitiales de la cultura, desde los medios de comunicación. Somos afortunados, nos dicen, porque somos libres, pero cuando escribimos en nuestra red social algo que va contra los principios del sistema, nos lo censura el sistema; cuando decidimos que queremos cobrar nuestro salario a la antigua, en un sobre, sin tener que pagar nada a un banco usurero que, además, utiliza nuestro dinero para sus negocios —de los que nunca reparte beneficios con nosotros, pero siempre nos cobra las pérdidas—, nos lo impide el sistema. Somos libres para decidir qué carrera queremos hacer y a qué dedicarnos en el futuro, siempre que la podamos pagar, claro; si no, nuestro destino lo decide el sistema. Somos libres para viajar, pero si hemos criticado a Trump en X o Facebook, olvídate del visado para entrar en Estados Unidos. Somos tan, tan libres que somos perseguidos si alzamos la voz contra el sistema, y encarcelados si contra el sistema actuamos.
¡Será por libertad!
Demencial, impropia de un país serio, absolutamente impresentable la imagen de Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, riendo a carcajadas durante la intervención en el Parlament de Joan Baldoví, quien criticaba su gestión de la emergencia causada por la DANA de 2024, cuya trágica consecuencia se cifra en 230 fallecidos.
«¿No les da vergüenza mantener a una persona así?», recriminó Baldoví a la bancada del Partido Popular y Vox, en referencia a mantener a Mazón como aforado y cobrando un sueldo público como diputado.
(Sobre la visita del Papa León XIV a España)
"Le preocupa más el fascismo que a Felipe González" .
Gabriel Rufián . Parlamentario.
Resulta revelador cómo dirigentes de Vox han decidido convertir los derechos humanos en objeto de mofa, tildando los avances sociales de las últimas décadas de una supuesta “orgía de derechos”. La expresión no es solo desafortunada; encierra una muy peligrosa y profundamente reaccionaria idea de la democracia. Porque, cuando alguien considera excesivos los derechos ajenos, lo que realmente está cuestionando es la igualdad de las personas ante la ley.
Durante años, la sociedad española ha avanzado en el reconocimiento de libertades y garantías para colectivos histórica y legalmente discriminados: mujeres, inmigrantes, discapacitados, colectivos LGTBI... No se trata de privilegios ni de concesiones caprichosas de ningún gobierno. Se trata de derechos fundamentales destinados a proteger la dignidad humana y a garantizar que nadie sea perseguido por su condición.
Por eso resulta especialmente inquietante que el discurso, tan rancio como antidemocrático, de ciertos representantes públicos asevere que el reconocimiento de los derechos LGTBI constituye una suerte de extravagancia ideológica del siempre socorrido comunismo. Cada persona tiene derecho a vivir dignamente sin padecer discriminación por su orientación sexual o identidad de género; eso no es un privilegio, sino disfrutar de la misma protección que ampara a cualquier ciudadano.
Es por eso que este mes de julio nuestra tarjeta roja se la vamos a sacar a Vox en su conjunto, porque su retórica pretende presentar la igualdad como una amenaza y la diversidad como un problema.
Existe un cementerio de ballenas con millones de años de antigüedad
Un equipo internacional de investigadores ha documentado en el océano Índico lo que ya se considera el mayor cementerio de ballenas jamás registrado. El hallazgo se sitúa en la fractura Diamantina, una profunda depresión marina al oeste de Australia que desciende hasta más de 7.000 metros. Allí, los vehículos autónomos utilizados en la expedición han identificado 485 esqueletos de cetáceos, aunque las estimaciones científicas elevan la cifra potencial a millones de restos acumulados a lo largo de millones de años.
La datación preliminar sitúa buena parte de los huesos en torno a los 5,3 millones de años, coincidiendo con el inicio del Plioceno. La excepcional conservación se explica por la escasez de sedimentos en esta región oceánica, lo que ha permitido que los esqueletos permanezcan expuestos sin quedar enterrados. La topografía en forma de canal de la fractura actúa, según los investigadores, como un embudo natural que concentra los cadáveres de cetáceos que mueren en mar abierto y se hunden lentamente hasta el fondo.
El descubrimiento abre una ventana inédita a la historia evolutiva de los cetáceos y a la dinámica ecológica de las profundidades oceánicas, un territorio aún poco explorado pese a su importancia para comprender el pasado —y el futuro— de los mares.
Agosto es un mes cargado de festejos y celebraciones. Dentro de las conmemoraciones internacionales tenemos, como más destacado, el Día de la Alegría (1/08), el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas (9/08), el Día Internacional de la Juventud (12/08), el Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo (21/08) o la Semana del Agua, que comienza el día 24. Pero, sin duda, nuestro favorito es el Día Internacional de las Patatas Fritas y el Día Mundial del Mosquito (20/08).
Miles de fallecidos en Europa a consecuencia de la ola de calor.
La emergencia climática se hace visible con rostro, nombre y apellidos de los cientos de ciudadanos que han muerto en una Europa que atraviesa una de las olas de calor más severas de los últimos años y los efectos ya se traducen en un aumento significativo de la mortalidad. Bélgica ha confirmado más de 1.200 fallecimientos asociados a las altas temperaturas en apenas dos semanas, según datos del Instituto de Salud Pública Sciensano, que advierte de un “exceso de mortalidad inusual”.
En España, el Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) estima más de 1.000 muertes atribuibles al calor extremo. Francia y Alemania también han reportado incrementos en ingresos hospitalarios por golpes de calor, deshidratación, alteraciones y fallos multiorgánicos, especialmente entre mayores de 75 años.
Los servicios meteorológicos europeos coinciden en que la persistencia de temperaturas superiores a 40 °C en amplias zonas del continente está vinculada a la intensificación de las dorsales subtropicales, un patrón atmosférico reforzado por el calentamiento global.
Expertos del Centro Europeo para el Control de Enfermedades alertan de que estas cifras podrían aumentar si las olas de calor continúan prolongándose y recomiendan reforzar los planes de prevención, especialmente en áreas urbanas densas y regiones mediterráneas.
Cataluña impulsa un estudio biométrico durante el eclipse.
Cataluña ha puesto en marcha un ambicioso estudio biométrico con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que no se repetirá en la región hasta dentro de varias décadas.
El proyecto, impulsado por el Govern y coordinado por un equipo multidisciplinar de médicos, físicos y especialistas en cronobiología, busca reclutar 5.000 voluntarios para analizar cómo un cambio brusco en la luminosidad ambiental puede influir en diversos parámetros fisiológicos.
Durante los minutos de oscuridad total, los participantes llevarán sensores que medirán frecuencia cardíaca, variaciones en la temperatura corporal, actividad eléctrica de la piel y patrones de respiración, además de registrar posibles alteraciones en la percepción visual y el equilibrio. El objetivo es comprender cómo responde el organismo humano ante una interrupción repentina del ciclo luz‑oscuridad, un aspecto que podría aportar información valiosa para estudios sobre ritmos circadianos, salud mental y adaptación a entornos extremos.
El proyecto, denominado Solaris, también evaluará el impacto emocional del eclipse, integrando cuestionarios antes y después del evento. Los investigadores destacan que esta oportunidad es única: un laboratorio natural a escala masiva que permitirá observar reacciones humanas difíciles de reproducir en condiciones controladas. Según el Govern, los resultados preliminares estarán disponibles a finales de año.
¿Los primeros pasos hacia la escritura hace 40.000 años?
Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences ha reabierto el debate sobre el origen de la escritura al plantear que los primeros sistemas para registrar información podrían ser hasta 40.000 años más antiguos de lo que se creía.
La investigación, dirigida por el lingüista Christian Bentz y la arqueóloga alemana Ewa Dutkiewicz, analizó más de 260 objetos del Paleolítico Superior hallados en el Jura de Suabia (Alemania), datados entre hace 35.000 y 40.000 años. En ellos identificaron más de 3.000 signos grabados —líneas, puntos e incisiones— cuya distribución presenta patrones repetitivos que, según los autores, no parecen fruto del azar.
Los investigadores sostienen que estas marcas pudieron constituir un sistema de notación destinado a almacenar o transmitir información, aunque insisten en que no se trata de escritura en sentido estricto, ya que no existe evidencia de que representaran una lengua hablada.
La hipótesis ha despertado un notable interés en la comunidad científica, pero también cautela. Por ahora, el consenso sigue situando el nacimiento de la escritura hace unos 5.300 años en Mesopotamia. No obstante, el estudio refuerza la idea de que los primeros Homo sapiens desarrollaron sistemas simbólicos mucho más complejos de lo que hasta ahora suponíamos.
EL. oro de Berlín
La colaboración alemana con los sublevados fascistas durante la Guerra Civil española no fue un gesto ideológico desinteresado; fue, en primer lugar, una maniobra estratégica del Tercer Reich, que utilizó España como campo de pruebas de sus nuevas tácticas y de su nuevo armamento, y a los españoles como conejillos de Indias; y, sobre todo, una operación comercial, un pingüe negocio para un puñado de golfos de aquí y de allí, que los españoles, bajo la tiranía de Franco, tuvieron que pagar durante años, hipotecando la economía española en plena posguerra. La propaganda de los traidores sublevados presentó aquella ayuda como una muestra de afinidad entre «naciones hermanas». La realidad fue mucho más prosaica: España quedó endeudada con Hitler hasta límites que condicionaron su política económica y exterior.
Según la documentación consultada por los historiadores en el Reichswirtschaftsministerium (el Ministerio de Economía del Tercer Reich) y los estudios de diversos historiadores, el coste total de la ayuda alemana ascendió a unos 400 millones de marcos, equivalentes a aproximadamente 215 millones de dólares de la época. Para un país devastado por tres años de guerra, sin reservas de oro —el oro de la República sirvió para pagar la «ayuda» soviética a la causa republicana— y con una economía colapsada, aquella cifra era sencillamente inasumible. Sin embargo, el «hermano» Hitler no estaba dispuesto a perdonar la deuda: exigió el pago íntegro.
En 1939, apenas terminada la guerra, el régimen franquista firmó el Convenio de Pagos Hispano-Alemán, que establecía que España debía saldar la deuda mediante exportaciones forzosas de materias primas: pirita, hierro, wolframio, aceite, cítricos y otros productos estratégicos. Alemania compraba a precios fijados unilateralmente y España quedaba atrapada en un sistema comercial de subordinación al Reich. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el wolframio español —crucial para endurecer el acero de los proyectiles alemanes— se convirtió en moneda de cambio diplomática. España había sacrificado su soberanía económica y había contribuido materialmente al esfuerzo bélico nazi.
La narrativa franquista ha ocultado esta realidad durante décadas. Incluso hoy, la mayor parte de la sociedad española desconoce el precio de la ayuda nazi a los traidores franquistas, pero todo el mundo ha oído hablar del «Oro de Moscú», sin tener ni idea de lo que es, claro.
Entre Comoras y Mayotte.
(Podcats)
Por: Laurent Decloitre
La trata de personas" y "riesgos extremos"
Al observar por primera vez este corredor de tránsito, la organización contabilizó casi 14.000 salidas para el departamento francés entre junio y diciembre de 2025. Por su parte, Mayotte ha incrementado drásticamente el número de inmigrantes ilegales deportados.
Roma, la ciudad eterna.
Roma es un museo al aire libre donde cada piedra narra más de dos milenios de historia. Fundada según la tradición en el 753 a. C., la capital italiana conserva vestigios de todas las civilizaciones que la habitaron: desde el Foro Romano y el Coliseo —símbolos del poder imperial— hasta las basílicas paleocristianas y los palacios renacentistas que transformaron su perfil urbano.
El Vaticano, enclave independiente dentro de la ciudad, alberga la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos, donde la Capilla Sixtina de Miguel Ángel sigue siendo una de las obras más admiradas del mundo. En contraste, el Trastevere ofrece la Roma popular, con calles empedradas, trattorias familiares y una vida nocturna vibrante.
Con más de 2,8 millones de habitantes y un clima mediterráneo templado, Roma combina monumentalidad y cotidianidad: el café en Piazza Navona, el paseo por la Via Appia Antica o el atardecer desde el Gianicolo. Es una ciudad que exige ser recorrida sin prisa, porque cada rincón revela una capa más de su historia y de su esencia.
Más allá de sus ruinas y museos, Roma es también una capital contemporánea que late entre el bullicio del mercado de Campo de’ Fiori y la elegancia de la Via Condotti. Con una muy eficaz red de metro que conecta los principales puntos turísticos, y con los barrios más populares en los que poder disfrutar, de verdad, de su gastronomía —carbonara, cacio e pepe, alcachofas a la romana— resume la naturaleza de la cocina italiana. En cada visita, Roma confirma que el tiempo allí no pasa: simplemente se acumula, como las capas de historia y memoria que la convierten en la ciudad eterna.
(En relación con los jóvenes que obtienen bajas por motivos de salud mental)
"Ahora se cogen la baja porque les ha dejado la novia”.
Ángel Nicolás. Memo que preside la Patronal en Castilla/La Mancha.
El 3 de julio de 1898, tuvo lugar un desigual combate naval en la Bahía de Santiago de Cuba, donde la armada española, obsoleta, mal equipada y peor provista, se enfrentó a la potente flota estadounidense, moderna y perfectamente equipada.
Fue aquel un episodio de la Guerra Hispano/estadounidense, que culminó con la destrucción total de la escuadra española comandada por el almirante Pascual Cervera y Topete, quién había recibido desde Madrid órdenes imposibles de cumplir: debía resistir sin medios, sin esperar apoyo y sin ninguna capacidad de respuesta, a miles de kilómetros de sus bases, la embestida de un enemigo que lo superaba con creces en todo, y con sus bases a la vuelta de la esquina.
La batalla, que duró apenas unas horas, supuso el certificado de defunción del otrora poderoso imperio español.
Pascual Cervera y Topete
Capitulo II
De los derechos y libertades
Artículo XXV
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
