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Estamos condenados
El hambre en el mundo continua siendo un problema endémico que parece imposible de resolver, pero lo cierto es que solo requiere de voluntad para solucionarlo.
La opacidad de los amos.
El fracaso en el Parlamento de la llamada Ley de Lobbies pone de manifiesto el nulo interés que determinados grupos políticos y sus satélites mediáticos o empresariales tienen en permitir que los españoles sepas quienes están detrás de la financiación de sus fundaciones y quienes <<donan>> dinero para la causa.
No es cierto eso que le dicen de que el mundo no puede sostener a tanta población —a día de hoy, 8.300 millones de almas— y que el hambre de los pueblos es la consecuencia de esa superpoblación. Es mentira.
El mundo produce alimentos suficientes para alimentar a toda la población; el problema no es que la Tierra esté agotada, el problema es que lo que tampoco se agota es la codicia de los especuladores. Mientras un puñado de multimillonarios siguen coleccionando dólares, millones de niños continúan creciendo sin una dieta adecuada, y el hambre infantil sigue siendo, desde hace más de un siglo, una permanente crisis humanitaria del planeta, además de una amenaza para el desarrollo de generaciones futuras.
Los datos más recientes de UNICEF revelan que alrededor de 181 millones de niños menores de cinco años, es decir, y para que usted se haga una ligera idea, uno de cada cuatro niños de nuestro planeta, viven en condiciones de pobreza alimentaria grave.
La tragedia se concentra especialmente en el África subsahariana y Asia meridional, regiones en las que moran —que lo de vivir es otra cosa— más de 120 millones de niños, que, más allá de la inanición, deben afrontar también conflictos armados, fenómenos climáticos extremos, pobreza persistente y, sobre todo, el encarecimiento de unos alimentos detrás del que están un reducido y muy privilegiado puñado de especuladores, de millonarios sin escrúpulos que se lucran condenando al hambre a seres indefensos y asesinando —porque condenarlos al hambre es asesinarlos— a millones de seres humanos cuando aún están en la etapa más vulnerable de sus vidas: la infancia.
El problema, como le digo, no se limita solo a la falta de comida. Millones de niños únicamente pueden alimentarse a base de cereales básicos o leche, sin acceso a frutas, verduras, huevos, pescado o carne. También son expuestos a guerras y conflictos sociales que se alimentan desde los mismos despachos de los especuladores para desestabilizar territorios o generar beneficios con el comercio de armas.
A escala global, la escasez de alimento sigue afectando a una parte enorme de la población. El informe conjunto de la FAO, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como otras agencias de Naciones Unidas —no son informes de pérfidos gobiernos comunistas—, estima que casi 700 millones de personas padecieron hambre en 2024. Además, unos 2.300 millones se vieron afectados por una alimentación insuficiente, moderada o grave. Una cifra muy superior a la registrada antes de la pandemia de 2020.
Las consecuencias que conlleva esta inadmisible situación para esa parte más débil e indefensa de la humanidad que es la infancia son profundas. La desnutrición aumenta el riesgo de mortalidad infantil, favorece el retraso en el crecimiento y reduce las capacidades de aprendizaje. Naciones Unidas nos advierte de que los niños privados de una alimentación adecuada durante los primeros años de vida tienen más probabilidades de abandonar la escuela y obtener menores ingresos en la edad adulta, perpetuando el ciclo de la pobreza y, en consecuencia, los problemas derivados de esta postal de injusticia y desesperación: revueltas, inmigración, conflictos regionales, guerras...
Los organismos internacionales insisten en que el hambre infantil no es una fatalidad inevitable. La combinación de sistemas alimentarios más resilientes, la irrenunciable protección social, el acceso a servicios de salud y nutrición y una respuesta eficaz ante conflictos y emergencias climáticas o escenarios bélicos puede revertir la tendencia.
Sin embargo, el tiempo se nos echa encima porque el futuro de millones de niños, es decir, de nuestra supervivencia como especie, está en nuestras manos hoy, en lo que nosotros estamos eligiendo para ser gobernados. Y usted, perdone que se lo diga, no parecemos muy inclinados a poner nuestro granito de urna para que la situación pueda revertirse a medio plazo.
Así que...Estamos condenados.
Es público y notorio, hasta el extremo de haberlo normalizado, que en la política española se use y abuse de las llamadas puertas giratorias, por las que entran a despachos sin excesiva carga de trabajo, ubicados en las plantas nobles de compañías y empresas de todo tipo, expolíticos que, tras dejar el excelente salario público que percibían en el ejercicio de su labor pública, comienzan a sustentarse del extraordinario salario privado que les otorgan firmas comerciales con las que mantuvieron relaciones y firmaron sustanciosos contratos públicos durante su periplo como próceres de la patria.
Unas puertas giratorias que en España se mantienen en la más absoluta opacidad, incumpliendo las normas de la Unión Europea.
En una democracia madura, la transparencia es el mejor remedio contra la corrupción. Quizá sea por eso que las formaciones de derecha se han negado a permitir la fiscalización de sus «lobbies», impidiendo que la ley encargada de poner luz sobre tan importante cuestión saliera adelante en el Congreso de los Diputados.
El rechazo de la normativa orientada a regular la actividad de los grupos de interés —los conocidos «lobbies»— mediante un registro público y obligatorio y un régimen sancionador que permita fiscalizar las presiones que estas compañías ejercen sobre el sector público a través de sus «patrocinados» políticos ha certificado el fracaso de una exigencia histórica. La suma de los votos en contra de las formaciones de derecha —Partido Popular, Vox, Junts y UPN— tumbó una medida que no solo alineaba a España con las exigencias comunitarias, sino que también condicionaba la llegada de importantes partidas de fondos europeos.
El proyecto rechazado por la mayoría conservadora en la Cámara Baja buscaba ocupar el vacío legal en el que operan los grupos de presión en España, verdaderos elementos de extorsión política y distorsionadores de la realidad social en beneficio exclusivo de sus intereses particulares.
Una ley entre cuyos puntos clave figuraban, entre otros:
- Huella normativa obligatoria: La exigencia de detallar qué enmiendas, redacciones o reuniones con grupos de interés influyeron directamente en la elaboración de cada ley.
- Registro de allegados e intereses: La identificación clara de quiénes representan a corporaciones, fundaciones privadas o grandes patrimonios ante los altos cargos de la Administración.
Dos puntos esenciales para erradicar la corrupción política, ya que delatarían a los corruptores.
A pesar de que el texto incorporaba cerca del 80 % de las enmiendas planteadas por la oposición durante su fase de borrador, el bloque de la derecha optó por el rechazo directo. La justificación procesal —el habitual reproche sobre la fórmula jurídica del Real Decreto-ley— se queda tan corta que apenas logra ocultar que el fondo del asunto, el verdadero motivo por el que no les gusta esta ley, es su ancestral resistencia a ser fiscalizados y a que se incomoden o entorpezcan los proyectos de los poderes económicos.
Esta aversión de las formaciones de derecha a exponer a la consideración pública y regular la trazabilidad del dinero y de sus presiones en la política no se corresponde tanto con razones ideológicas como con cuestiones relacionadas con la dinámica estructural del poder.
Por un lado, nos encontramos con la confusión entre interés general e interés corporativo. Para el ideario conservador, las corporaciones, patronales y grandes tenedores de capital operan como «agentes naturales» del mercado, cuyo criterio debe ser consultado de forma prioritaria. Hacer públicas esas reuniones equivaldría a admitir que existe una asimetría de acceso al poder respecto al ciudadano común, rompiendo la fantasía de que todos somos iguales ante la ley.
Por otro lado, nos topamos con la necesidad que estos elementos de extorsión y distorsión tienen de blindar sus redes de financiación e influencia, ya que revelar quiénes financian los think tanks, los gabinetes de análisis o las fundaciones —lobbies— afines a la derecha expondría el entramado de patronazgos que moldea el discurso público y las propuestas legislativas. Sin contar con que la transparencia financiera desvelaría que muchas iniciativas «técnicas» o «fiscales» responden al interés directo de sectores muy concretos: inmobiliario, bancario, energético o de la educación y la sanidad privadas.
Por último, hay que tener en cuenta que el control riguroso de la huella normativa y de la agenda de los grupos de presión dificulta el tránsito directo entre el servicio público y los consejos de administración de esas compañías o empresas «mecenas» de los lobbies: las llamadas puertas giratorias, que cruzan con demasiada frecuencia exresponsables públicos que convierten su agenda de contactos políticos en direcciones a las que «enviar el currículo» privado.
El fracaso de esta ley de lobbies no es una simple derrota parlamentaria del Ejecutivo; es una derrota de la democracia que, además, conlleva un elevado coste directo para el conjunto de la sociedad, no solo en la pérdida de derechos, sino también en una merma económica, ya que la ausencia de un registro oficial de lobbies mantiene a España a la cola de la transparencia institucional en la Unión Europea, condicionando la recepción de fondos ligados al cumplimiento de hitos en materia de corrupción y buen gobierno.
Mientras las democracias más avanzadas progresan hacia la fiscalización de las agendas públicas y el rastreo de cada euro dedicado a la influencia política, en España el veto conservador impone una prórroga a la opacidad, impidiendo que la ciudadanía conozca quién redacta realmente las leyes y permitiendo que sonados casos de corrupción, como el presuntamente perpetrado por el exministro Montoro, sean posibles al negar los «taquígrafos» en aquellas normas y leyes que pueden afectar a los intereses de quienes influyen en nuestros políticos y qué intereses defienden realmente nuestros legisladores.
Mantener ocultos a quienes financian los aparatos de influencia en el Estado no es defender la libertad de empresa; es proteger los privilegios y, en muchas ocasiones, los inconfesables intereses de quienes prefieren legislar entre tinieblas.
La democracia se defiende con transparencia, con luz y taquígrafos.
Atentado contra la democracia
La diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, resultó insultada, asaltada y agredida por una turba fascista el pasado 21 de septiembre cuando, en compañía de los activistas pro derechos humanos Rafael Borrego
y Sofía Cánovas, abandonaba en su vehículo las instalaciones del puerto de Ceuta. Al parecer, fueron confundidos con miembros de la ONG vasca Negu Gorriak, la cual había viajado a la ciudad con ayuda humanitaria. «Nos han reventado. Esto ha sido una burrada. Nos iban a matar», declaró el abogado y activista Rafael Borrego, uno de los agredidos.
Todo apunta a que los agresores se equivocaron de objetivo y estuvieron a punto de linchar a un grupo de personas que, en cualquier caso, tampoco les caían bien.
Todos podemos ser Maricarmen.
Madrid —en realidad, toda España— se movilizó el pasado 23 de septiembre en apoyo de María del Carmen, una vecina de 87 años con un 50 % de discapacidad que fue desahuciada de la casa en la que ha vivido durante más de siete décadas dejando para el
recuerdo una de esas vergonzosas escenas que retratan con crudeza los peligros de este liberalismo que nos imponen poderes a los que nadie vota. Maricarmen ha sido expulsada de su hogar, sin una propuesta de habitabilidad alternativa, a pesar de que a Urbagesa, el fondo propietario de la vivienda, se le ofrecieron múltiples soluciones. La injusticia permitida contra Maricarmen nos plantea una pregunta incómoda: ¿qué valor tienen los derechos sociales si pueden quedar subordinados a la lógica de los mercados?
¡Un arma en el Congreso!
La diputada del Partido Popular en el Congreso Ana Vázquez fue expulsada del Parlamento el pasado día 23 de septiembre por entrar armada con un espray de pimienta en el hemiciclo.
Resulta inconcebible el permanente desprecio a la democracia que exhibe constante e impunemente la formación liderada por Núñez
Feijóo. ¿Para qué se introduce un espray de pimienta en el hemiciclo?
Tras su expulsión del pleno, la diputada entregó el arma —que había asegurado que estaba vacía— a un ayudante que se encargó de esparcirlo —accidentalmente, según ha reconocido desde el propio PP— por algunas dependencias del Parlamento, lo que ocasionó molestias físicas a 12 personas.
Una magnífica ocasión para que el Tribunal Supremo haga cierto que la ley es igual para todos y ordene la inmediata retirada del acta de diputada a su señoría Ana Vázquez.
Haga "clic" sobre la imagen para escuchar la Trágala.
Reclamaciones al maestro armero
Josemi Montalbán.
Cuando caiga la primera víctima -que, como alguien no ponga inmediato freno a los bárbaros, va a caer, no le quepa duda- del odio de algún fanático perturbado de los que orbitan en torno a los traidores golpistas de la banda de extrema derecha Partido Popular, o entre los traidores golpistas del clan de menguados cavernícolas VOX, ¿quién, además del asesino, será el responsable?
Nadie.
Cuando la tragedia se nos plante en el titular de televisión mientras saboreamos el cocido, nadie asumirá responsabilidades, nadie entonará un <<mea culpa>> ni hará autocrítica. Entonces, como siempre, los miserables correrán a esconderse detrás de mantras políticos, verborrea ininteligible y demagogia barata. Quienes están alentando el odio, los que azuzan a los asesinos a <<cazar>>, aquellos que incitan a los ciudadanos al levantamiento para <<echar>> a Sánchez, quienes hablan de traición mientras se postran de rodillas ante potencias extranjeras, harán declaraciones grandilocuentes sobre convivencia y democracia.
Los mismos miserables que han podrido nuestra sociedad se presentarán como el remedio de todos nuestros males; quienes han contribuido a difundir el mensaje de odio a través de sus altavoces mediáticos se abrigarán de dignidad, ocultarán su vileza detrás del sagrado derecho a la información -como si lo que ellos perpetran fuera algo distinto del marketing político- y condenarán sin paliativos la violencia, al tiempo que nos diseccionarán al asesino intentando explicar en qué momento su vida se fue al carajo por culpa de un comunista, y excusando en un grano padecido en su más tierna adolescencia lo inhumano de su criminal proceder.
Los policías que han estado de amena charla con el matador mientras este se manifestaba portando símbolos que incumplen la ley e insultando al presidente de todos los españoles redactarán un impecable informe en el que, sin lugar a duda, se explicará cómo, cuándo y quién, porque los porqués no interesa airearlos. Los jueces que llevan décadas cubriendo de impunidad y sentencias amigables a las hordas fascistas, mientras descargan todo el peso de su ley contra las huestes rojas, se revestirán de toda su democrática autoridad para sentenciar que el asesino obró mal, sí, pero es que el otro olía a sarraceno, y que pelillos a la mar.
Cuando al menguado fascista, al anormal, al descerebrado, a la bestia, al asesino en ciernes que ayer berreaba y hoy agrede a quien porta un símbolo contrario, e insulta a señoras que van a la compra se le quede corta la <<dialéctica>> y decida pasar a la acción contra el <<invasor>>, todos ellos, sin excepción, serán ejemplares modelos de demócratas y hombres entregados al bien común y a nuestro común interés. ¿Asunción de responsabilidades? Pero hombre, ¡qué cosas tiene usted, Buenaventura!, para eso está el maestro armero.
¡Dos iguales para hoy!
"Se llenan la boca con la necesidad de defender a las familias, y lo que pasa cada vez que traemos medidas para defenderlas, es que ustedes votan sistemáticamente en contra."
Carlos Cuerpo. ministro de Economía en respuesta parlamentaria a VOX.
Inhumana, más que escandalosa o desvergonzada, fue la risa y la mofa desplegadas en la sede de la soberanía nacional española por su señoría Rafael Hernando, diputado del Partido Popular, durante la intervención parlamentaria del portavoz socialista Patxi López, cuando este recordaba la tragedia de Aylan Kurdi, el niño refugiado sirio de tres años cuyo cuerpo apareció ahogado en 2015 en una playa de Bodrum, Turquía.
Su señoría Rafael Hernando, un asalariado del pueblo español, cobra una nómina mensual de casi 7.000 euros que los españoles le abonan, entre otras cosas, para que represente al pueblo español con dignidad y honor; cuestiones ambas para las que el señor Hernando ha demostrado no estar capacitado, avergonzando, con sus bufonadas desde el escaño, a todos los españoles.
Motivos más suficientes para que mostremos en este número de octubre nuestra tarjeta roja a su señoría Rafael Hernando, que si no tiene la dignidad necesaria para dimitir debería ser cesado de sus responsabilidades parlamentarias y apartado del partido ante su menoscabo a la imagen de España, y su más que evidente incapacidad, e irresponsabilidad para representar al pueblo español, con la dignidad y el honor que el pueblo español, un pueblo solidario, acogedor, serio y que siempre se ha desenvuelto con dignidad y honor, merece.
Bochornosa, impropia de un país que se tilda de democracia moderna y absolutamente inadmisible fue la imagen que se produjo durante las manifestaciones del pasado día 2, convocadas, en principio, en solidaridad con Ceuta y para denunciar la grave situación que vive como consecuencia de la crisis migratoria, pero que terminaron derivando en aquelarres contra el Gobierno central, insultos al presidente del Gobierno y agresiones a periodistas de la cadena pública Radio Televisión Española, un medio señalado por los líderes políticos de las formaciones de extrema derecha por informar con rigor e independencia.
La agresión de energúmenos y asilvestrados fanáticos ultras contra reporteros que solo cumplen con su obligación en el ejercicio de su profesión merece la más rotunda condena, no solo por parte del resto de los medios de comunicación —que han guardado un atronador silencio—, sino también de una sociedad que se presume democrática. Y, desde luego, requiere de la inmediata actuación de unas fuerzas del orden público que, en demasiadas ocasiones, se muestran excesivamente condescendientes e incluso amigables con los agresores.
IG Nobel premia una investigación sobre la leche de cucaracha.
Les parecerá broma pero no lo es. Se trata de un cristal proteico que produce una única especie de cucaracha vivípara, Diploptera punctata, para alimentar a sus crías dentro del vientre. No es leche como la entendemos, liquida, sino un fluido se solidifica en forma de microcristales dentro del intestino de los embriones, y resulta que extraordinariamente nutritivos ya que contienen proteínas, grasas y azúcares en las proporciones optimas que necesitan su organismo, conteniendo todos los aminoácidos esenciales, solo uno de estos cristales puede tener más de tres veces la energía de la leche de vaca, ya que su contenido proteico llega al 45%, frente al 3,5% de la leche de la leche de nuestros rumiantes, y es este detalle el que ha servido para que el equipo de investigadores internacional que logró caracterizar la estructura y composición de estos cristales y demostrar su densidad energética extraordinaria haya sido galardonado con el IG Nobel 2026
Comenzamos el mes de septiembre con el Día Mundial de la Dactiloscopía y celebrando a los primates (1/09), y más tarde el Día Mundial de la Salud Sexual (5/09), sin olvidarnos de algo tan importante como la alfabetización, con su día internacional compartido con los periodistas (8/09), el Día Mundial de la Agricultura (9/09) o la curiosidad de celebrar el Día Internacional de la Democracia y el Día Europeo de la Salud Prostática en la misma fecha (15/09). Pero nuestro preferido es el Día Internacional del Buitre (5/09), que no podemos olvidarnos de nuestros buitres.
¡Adiós Ecoembes!
El nuevo reglamento europeo de envases; un hito logrado por años de lucha ecologista.
Desde el pasado mes, Europa tiene un nuevo reglamento para la regulación en el tratamiento de envases que avanza en aspectos clave como la prohibición de plásticos innecesarios en la presentación de frutas y verduras de menos de 1,5 kg, la eliminación de sobres monodosis en hostelería y el veto a los tóxicos PFAS (como el Bisfenol A entre otros) en envases alimentarios. es este un paso muy importante en la protección del medioambiente, sin embargo, resulta insuficiente frente a la verdadera magnitud de la crisis global de contaminación del plástico.
La intensa presión del lobby petroquímico ha logrado modificar el texto inicial en Bruselas, imponiendo plazos demasiados largos que retrasan metas fundamentales hasta 2029 o 2035. Además, se ha introducido una peligrosa «cláusula de escape» que exime del sistema de depósito a los países que declaren recoger separadamente el 78% de sus envases.
Por otro lado Sustituir el plástico por bandejas de papel, cartón, madera o bioplásticos desechables sigue siendo un desastre ambiental que exige talar árboles y derrochar ingentes cantidades de agua y energía. es necesario encontrar un modelo nuevo, en el que primer la protección medioambiental.
La atmósfera de Plutón está colapsando
Según las nuevas mediciones del Planetary Science Institute.
Un estudio internacional publicado en The Planetary Science Journal los científicos han detectado un cambio drástico en la atmósfera de Plutón, el planeta enano situado a unas 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Según las nuevas mediciones, la presión atmosférica ha disminuido un 16% entre 2021 y 2023, un comportamiento que confirma una predicción formulada en 1996, según la cual la atmósfera plutoniana se congela progresivamente cuando el planeta avanza hacia la parte más alejada de su órbita de 248 años.
El equipo, liderado por la científica Amanda Sickafoose del Planetary Science Institute, ha utilizado ocultaciones estelares, una técnica que analiza cómo se atenúa la luz de una estrella al pasar detrás del planeta. Entre 2017 y 2023 se registraron diez eventos que permitieron medir con precisión la densidad de los gases presentes.
Los datos revelan que la capa de nitrógeno y compuestos de carbono, observada por la sonda New Horizons en 2015, está condensándose sobre la superficie. Las nieblas de metano y monóxido de carbono también muestran una pérdida acelerada de espesor, señal de que el colapso atmosférico ya está en marcha.
La campaña de observación no ha sido sencilla: las sombras de las ocultaciones suelen cruzar océanos y regiones deshabitadas, lo que obliga a coordinar telescopios en puntos estratégicos del planeta. Aun así, los investigadores han logrado obtener mediciones muy precisas, con resolución de apenas unos kilómetros.
El fenómeno abre una ventana única para comprender la meteorología extrema de los mundos helados del sistema solar y cómo evolucionan sus atmósferas en escalas temporales muy largas.
El diplodocus español que obliga a reescribir la historia del Jurásico
Hasta ahora, cuando se hacía referencia a Diplodocus, siempre nos situábamos en Norteamérica. Allí, en los grandes yacimientos del oeste de Estados Unidos, se habían encontrado los restos de este gigantesco saurópodo, uno de los dinosaurios más reconocibles de la historia. Su enorme cuello, su larguísima cola y sus dimensiones —podía alcanzar unos 25 metros— lo convirtieron en icono de la vida en el Jurásico.
Ahora hay que añadir un lugar inesperado a ese mapa: Teruel.
Un equipo de paleontólogos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha identificado en el yacimiento de La Tejería, en El Castellar, los restos de uno de estos colosales animales. El descubrimiento ha sido publicado en la revista Journal of Vertebrate Paleontology y constituye la primera evidencia de que esta especie jurásica se extendió más allá de Norteamérica
Los fósiles corresponden a catorce vértebras de la cola, excepcionalmente conservadas, de un animal que vivió hace aproximadamente 150 millones de años.
La vivienda publica que se privatizó
En 2013, durante el periodo en el que Ana Botella (PP) ocupó el cargo de alcaldesa de Madrid, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió al fondo de inversión Fidere, vinculado al grupo Blackstone, 18 promociones de vivienda pública con un conjunto de más de 1800 viviendas construidas con fondos públicos. Aquella operación fue defendida por el gobierno de Botella —esposa del expresidente José María Aznar— como una medida para obtener liquidez y sanear las cuentas municipales.
La venta generó una fuerte controversia política y social, debido a que numerosos madrileños perdieron los derechos que les asistían y estaban reconocidos en sus contratos, entre ellos el derecho preferente de compra de las viviendas. Además, tras la adquisición de los inmuebles por parte del fondo, los inquilinos comenzaron a sufrir considerables incrementos en el precio de sus alquileres.
El Tribunal de Cuentas condenó inicialmente en 2018 a Ana Botella y a varios responsables municipales a resarcir 22,7 millones de euros por considerar que las viviendas se habían vendido por debajo de su valor. Sin embargo, esa condena fue revocada en 2019 al entenderse que no podía acreditarse una negligencia grave, y el Tribunal Supremo confirmó posteriormente la absolución definitiva.
Años después, distintas demandas de los inquilinos obtuvieron respaldo judicial. En 2024, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de varios vecinos afectados a ejercer el retracto y comprar sus viviendas en las mismas condiciones en que fueron adquiridas por Fidere, al considerar que la operación no podía servir para eludir los derechos de adquisición preferente previstos en sus contratos.
Alemania: Despega AfD, Merz se desploma
Por: Christophe Bourdoiseau
Tras la gran victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt el domingo, el canciller conservador reaccionó débilmente. Su partido, la CDU, corre el riesgo de desintegrarse, mientras que Ulrich Siegmund se acerca a la derecha tradicional para obtener una mayoría absoluta.
Es cierto el adagio popular que nos enseña que «una imagen vale más que mil palabras».
Manifestación por la “memoria falangista” -niños incluidos- en Murcia.
Segovia
Segovia, Patrimonio de la Humanidad, destaca por su casco histórico y monumentos emblemáticos como el Acueducto, la Catedral y el Alcázar.
Segovia es una de las ciudades históricas más singulares de España. Su símbolo indiscutible es el Acueducto romano, construido a finales del siglo I y conservado sin mortero gracias a la precisión de sus más de 160 arcos. En el corazón urbano se alza la Catedral de Santa María, iniciada en 1525 y considerada la última gran catedral gótica de Europa. Muy cerca, el Alcázar, uno de los castillos medievales más emblemáticos de España. Se alza sobre un promontorio rocoso entre los ríos Eresma y Clamores y sus orígenes están documentados desde el siglo XII, combina funciones palaciegas y militares y fue residencia de monarcas castellanos. Entre sus episodios más célebres destaca la proclamación de Isabel la Católica como reina de Castilla en 1474.
Algunos de los puntos más interesantes para recorrer son los barrios medievales, como las Canonjías, y disfrutar del entorno natural del Valle del Eresma, donde se encuentra la histórica Casa de la Moneda, fundada en 1583. Segovia ofrece una experiencia que une patrimonio, paisaje y tradición en cada paso.
Segovia completa sus muchos atractivos con una gastronomía de enorme personalidad. El cochinillo asado, preparado en horno de leña y con denominación de garantía, es su plato más emblemático. También destacan el cordero lechal, las judiones de La Granja y una repostería tradicional donde brillan el ponche segoviano y las rosquillas de San Frutos. La ciudad combina cocina histórica y producto local, ofreciendo restaurantes y mesones donde la experiencia culinaria se convierte en parte esencial del recorrido segoviano.
"Tenemos que militarizar la frontera y a hostias. Y ahí no hubiera entrado nadie".
Aldo Comas. El vecino estadista.
Durante dos semanas de octubre en 1962, el planeta estuvo muy cerca del holocausto nuclear. El 14 de aquel mes, un avión espía estadounidense fotografiaba las instalaciones de misiles balísticos de alcance medio que los soviéticos habían instalado en Cuba. La respuesta del presidente John F. Kennedy fue decretar un bloqueo naval a la isla para impedir la llegada de más armamento, exigiendo al mismo tiempo el desmantelamiento del que ya se encontraba en la isla.
El mundo contuvo la respiración ante el más que probable enfrentamiento entre la superpotencias, por fortuna las negociaciones secretas entre Washington y Moscú evitaron la catástrofe. El 28 de octubre, el líder soviético Nikita Jrushchov aceptó retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera Cuba y desmantelara sus propios misiles instalados en Turquía e Italia. La crisis derivó en la implantación del «teléfono rojo» para la comunicación directa entre las superpotencias.
Capitulo II
De los derechos y libertades
Artículo XXVII
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
