Zapatero Pa´lante
Josemi Montalbán.
Julio/26.
La investigación judicial de un ciudadano -sea un expresidente del Gobierno, un banquero, un contrabandista, un ladrón de guante blanco o un carterista- no equivale a su condena. Se trata tan solo de la apertura de eso, de una investigación destinada, precisamente, a determinar si existen pruebas suficientes para sostener una acusación. Sin embargo, en España hemos normalizado una peligrosa costumbre: el juicio paralelo que precede al judicial. La sentencia social se dicta mucho antes de que se practiquen las diligencias judiciales, y se presenten -si a ello hubiera lugar- las pruebas de la comisión de un delito y, por supuesto, antes de que exista una resolución firme. Una costumbre profundamente perniciosa para cualquier Estado de derecho.
Con José Luis Rodríguez Zapatero estamos asistiendo, una vez más, a ese linchamiento público, a esa sobreexposición mediática que arruina reputaciones y deja secuelas irreparables. Más allá del recorrido que pueda tener la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra ZP, resulta profundamente preocupante comprobar cómo determinados sectores políticos, mediáticos y sociales han decidido prescindir de un principio esencial del Estado de derecho: la presunción de inocencia, una vez más -muy fea costumbre esta que hemos adquirido-.
La investigación judicial continúa su curso y será en los tribunales donde deban valorarse los indicios y las pruebas, no en las tertulias radiofónicas, ni en los pasillos de las sedes políticas, ni, mucho menos, en las redes sociales. Será la Justicia -muy degradada, ciertamente, por la actuación de activistas togados de extrema derecha, por las declaraciones de mediocres dirigentes políticos y por las <<informaciones>> de periodistas sin credibilidad alguna— la que tenga la última palabra. Y está aún por escucharse lo que ha de dictaminar.
El fanatismo que padece la cabaña borrega fascista exige víctimas a las que conducir al cadalso social y, más tarde, al presidio. Los hechos no importan; las pruebas no son necesarias. El cuñadismo ya ha celebrado su juicio sumarísimo y ha condenado a Zapatero y a su familia, que difícilmente podrán resarcirse de esta sobreexposición mediática a la que, como víctimas propiciatorias del golpe político, mediático y judicial que se está perpetrando en España contra el legítimo Gobierno que nos hemos dado todos los españoles, se han visto sometidos.
Un proceder más propio de los sistemas dictatoriales de los que proceden tanto el Partido Popular como VOX, las dos grandes formaciones de extrema derecha españolas, donde el chascarrillo y el chisme sustituyen a la prueba, y la prensa afín se encarga de dictar sentencia con el beneplácito del mediocre dirigente político que no duda en erosionar el Estado de derecho si con ello consigue dañar al adversario.
Una democracia madura, plena y consolidada -como se nos pretende convencer de que es la española- exige exactamente lo contrario: serenidad, garantías procesales y respeto al procedimiento, incluso cuando el investigado nos resulte políticamente contrario.
Porque cuando se liquida la presunción de inocencia para señalar al adversario, cuando se inventa, o se tergiversan los hechos, el perjudicado no es solo el acusado. Lo que realmente se erosiona es la credibilidad de las instituciones, de la Justicia y la calidad misma de la democracia. Claro que nada de eso importa a los trogloditas del clan VOX ni a sus siervos de la banda franquista del Partido Popular si con ello logran, una vez más, hacerse con las llaves del cofre del tesoro del Estado, de nuevo a rebosar
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