La vivienda, un derecho, pero no.
Daniel Martín.
Octubre/26.
La Constitución española no deja la vivienda en el terreno de las buenas intenciones. El artículo 47 establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, regulando además la utilización del suelo de acuerdo con el interés general.
Casi medio siglo después de la aprobación de la Constitución, la distancia entre ese mandato y la realidad cotidiana de muchas familias sigue siendo considerable.
La vivienda no es únicamente un lugar. Es el núcleo desde el que se organiza y articula la vida familiar, y cuando el acceso a ese espacio básico se convierte en una fuente permanente de incertidumbre, sus consecuencias van mucho más allá de la economía doméstica.
Los datos oficiales muestran la dimensión del problema. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 el 7,6 % de las personas de 16 o más años buscó una vivienda sin llegar a cambiar de residencia. Casi siete de cada diez señalaron el precio excesivo como principal motivo. Entre los jóvenes de 26 a 34 años, el 44,3 % continuaba viviendo con sus padres y, de ellos, el 34,6 % afirmaba que no podía permitirse alquilar una vivienda y otro 12,7 % que no podía acceder a la compra.
La inseguridad habitacional tampoco se limita a quienes carecen de vivienda. También afecta a quienes disponen de ella, pero viven sometidos al abuso especulativo que les exige un sobreesfuerzo económico que les deja poco margen para afrontar cualquier imprevisto o simplemente permitirse salir una tarde con los amigos, socializar, algo que se está convirtiendo en un lujo al alcance solo de las economías más desahogadas.
El Banco de España calcula que el 32,5 % de los hogares españoles que viven de alquiler destinan más del 30 % de su renta neta al pago de la vivienda. En algunas de las principales ciudades el porcentaje supera el 50 %. El propio organismo señala que el elevado coste del alquiler limita especialmente la emancipación de los jóvenes.
Cuando una familia dedica una parte excesiva de sus ingresos a pagar el alquiler/hipoteca de sus vivienda, todo lo demás comienza a verse sometido a severas restricciones, condenado a una menor capacidad para comprar alimentos, afrontar las facturas energéticas, pagar estudios, atender un imprevisto o hacer frente a una eventualidad familiar. La vivienda deja entonces de ser un elemento de estabilidad para convertirse en el principal factor generador de problemas y vulnerabilidad.
El problema tampoco se distribuye de manera uniforme. El Banco de España ha señalado que las situaciones de sobresfuerzo se concentran especialmente entre los hogares con menores ingresos, los jóvenes y las zonas urbanas y turísticas, donde la demanda ha crecido más deprisa que la oferta residencial. Entre los factores que han limitado esta última se encuentran, además, el reducido parque de alquiler social y el crecimiento de usos alternativos de las viviendas, como los alquileres turísticos, de habitaciones y de temporada.
La consecuencia de todo este fenómeno incontrolado de especulación con la vivienda es una paradoja difícil de ignorar: una sociedad que tiene reconocido el derecho constitucional a una vivienda digna, se ve secuestrada en ese derecho por grupos especulativos que los obligan a gastar la mayor parte de la renta familiar en mantener su vivienda, impidiendo a una buena parte de los ciudadanos acceder a la misma.
Garantizar el derecho constitucional a la vivienda exige, por tanto, algo más que construir viviendas como proponen invariablemente la derecha española, con el bastante mediocre Feijóo a la cabeza, pasa por blindar y hacer efectivo ese derecho. Procurar que una familia pueda acceder a una vivienda adecuada sin poner en riesgo el resto de sus necesidades básicas; que perder el empleo, por ejemplo, no implique perder inmediatamente el hogar; que los jóvenes puedan emanciparse sin quedar atrapados durante años en casa de sus padres y que la residencia habitual cumpla su función esencial: ser el núcleo alrededor del cual se articule la familia, además de proporcionar seguridad.
Porque acceder a una vivienda digna no debe ser un lujo para quienes puedan permitírselo. Es, según nuestra propia Constitución, un derecho que los poderes públicos tienen el mandato de hacer efectivo.
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