Regenerarse o morir


Junio/26.

Daniel Martín.

 

Regenerar la democracia en una España crispada se ha convertido un desafío urgente para la convivencia, alguien debería parar esta locura y plantearse reconstrucción institucional y social frente destrozada por la polarización extrema de ciertos políticos, que nos conducen, muy conscientemente a la ruina, que solo a ellos interesa.

 

España está atravesando un momentos de elevada tensión política y social marcada por la confrontación política, implicando a las instituciones vitales del estado, generando desconfianza en el ciudadano enredado en el deterioro del debate político que está arrastrando por los suelos la paz social, el crecimiento de discursos extremistas que cuestionan consensos democráticos que todos pensábamos consolidados, está a punto de provocar, o al menos algunos lo percibimos así, un estallido social de imprevisibles consecuencias, porque, aunque la confrontación política forma parte natural de cualquier democracia pluralista, en España nos hemos olvidado de lo que significa confrontación política para llevar la discrepancia ideológica a cotas peligrosísimas. Son varios los indicadores nacionales e internacionales muestran como la polarización, no ya política, sino ideológica ha alcanzado niveles preocupantes, afectando no solo al funcionamiento institucional, sino también a la convivencia cotidiana.

esta "explosión" de extremismo no es exclusiva de España. En las dos últimas décadas, gran parte de Europa y de las democracias occidentales han experimentado el ascenso de movimientos ultranacionalistas, populistas y autoritarios alimentados por las crisis económicas, una cada vez mayor desigualdad, la inseguridad y precariedad laboral, que gracias a la manipulación de las redes Sociales está provocando la desafección ciudadana hacia las formaciones políticas "tradicionales". Sin embargo, el caso español presenta características propias derivadas de tensiones territoriales, del pasado fascista, muy presente aún en todas las instituciones del estado, de un ecosistema mediático claramente partidista, lo más grave, de un sistema judicial, clarísimamente partidista.

Diversos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejan desde hace años que una parte importante de la ciudadanía considera que los principales problemas del país son la clase política, la corrupción y el clima de enfrentamiento entre partidos. A ello se suma la creciente percepción de que los adversarios políticos no son simples rivales democráticos, sino enemigos irreconciliables. Este fenómeno, conocido como polarización afectiva, erosiona la confianza institucional y dificulta los acuerdos básicos necesarios para garantizar la estabilidad democrática.

En este contexto, el crecimiento electoral y la presencia mediática de las formaciones de extrema derecha con un discurso incendiario, rallando la violencia en muchas ocasiones, ha contribuido enormemente al incremento de la crispación. El auge de discursos nacionalistas excluyentes, negacionistas o abiertamente hostiles hacia colectivos vulnerables constituye una señal de alerta para cualquier democracia avanzada. Organismos internacionales como el Consejo de Europa, la Comisión Europea o Naciones Unidas nos vienen advirtiendo reiteradamente sobre los riesgos que supone la normalización del discurso de odio, la desinformación y la degradación del lenguaje político.

El problema no reside únicamente en la existencia de partidos radicales, algo compatible con la pluralidad democrática, sino en la progresiva aceptación de prácticas políticas que deterioran el respeto institucional, desacreditan sistemáticamente los procesos electorales o alimentan acciones judiciales sin prueba y anulando el derecho a la presunción de inocencia, presentando como culpable a cualquier persona que pueda, simplemente, estar siendo investigada, sobre todo si esa investigación parte de supuestos inexistentes, o simples artículos de prensa. Cuando determinados actores presentan al Gobierno legítimamente elegido como ilegítimo por definición, o convierten al adversario político en una amenaza existencial para la nación, se debilitan las bases institucionales de la misma, y los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

La historia europea del siglo XX nos ofrece suficientes ejemplos sobre cómo la degradación del debate público y la normalización de discursos extremistas pueden desembocar en procesos de erosión democrática, e incluso en conflicto armados, España, e un buen ejemplo de ello, pero no el único por desgracia, ahí está la II Guerra Mundial o más cercano en la desmemoria el conflicto nacionalista de los Balcanes.

España, que ha logrado construir tras la dictadura franquista uno de los periodos más largos de estabilidad social de su historia contemporánea, no debería, y lo está haciendo, las enseñanzas de la historia. La democracia no desaparece necesariamente mediante rupturas bruscas; con frecuencia se deteriora gradualmente mediante el debilitamiento de las instituciones, la deslegitimación del pluralismo y la erosión de los consensos constitucionales.

Uno de los elementos más preocupantes del actual clima político es la utilización constante de la desinformación como herramienta partidista. Las redes sociales han multiplicado la velocidad de propagación de bulos y mensajes emocionales diseñados para reforzar mensajes de odio y alimentar la sensación de violencia, provocando, violencia, e indignación. Estudios sociológicos desarrollados por universidades europeas y observatorios digitales han demostrado que los contenidos polarizantes y falsos obtienen mayor difusión que las informaciones verificadas. En consecuencia, amplios sectores de la población terminan atrapados en entornos desinformativos cerrados donde se refuerzan permanentemente narrativas extremas.

A potenciar este clima de crispación social, debemos añadir el deterioro del debate parlamentario. Las sesiones del Congreso se han convertido con demasiada frecuencia en discusiones de taberna donde prima la descalificación personal, el insulto y la absoluta ausencia de propuestas políticas, en un continuo diálogo de besugos, empobreciendo no solo la calidad democrática, también transmitiendo a la ciudadanía la idea de que el acuerdo es imposible.

La regeneración democrática y social que está urgiendo en España exige, por tanto, una respuesta amplia, que vaya más allá de los intereses electorales inmediatos. Hay que volver a sentarse a pensar cómo reconstruir la confianza del ciudadano en las instituciones del Estado y recuperar una cultura política basada en el respeto institucional y en la aceptación plena de las reglas democráticas. Criticar al Gobierno, a la oposición o al poder judicial forma parte de la libertad de expresión, de la democracia, cuestionar sin pruebas la honestidad de las personas, también de las instituciones, erosiona la confianza pública en la política y alimenta la inestabilidad social. Debemos reflexionar, como sociedad, en cómo reforzar los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, porque la corrupción ha sido uno de los principales factores de desafección ciudadana durante décadas y ha afectado a partidos de distinto signo ideológico. Sin una administración transparente, con controles eficaces y rendición de cuentas real, la confianza democrática seguirá estando en entredicho. La regeneración democrática no puede plantearse únicamente como una batalla cultural contra el extremismo, sino también como una mejora efectiva de la calidad democrática del Estado.

La educación debe desempeñar un papel central, en el empeño de regeneración. Numerosos expertos en ciencias políticas y sociología destacan la necesidad de fortalecer la educación cívica y mediática para que la ciudadanía pueda identificar discursos falaces, manipuladores, noticias falsas y estrategias de polarización, porque una sociedad informada y crítica es menos vulnerable a la radicalización.

Asimismo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad considerable. El modelo de confrontación permanente basado en tertulias hiperbólicas y titulares diseñados para generar indignación contribuye a intensificar el clima de crispación. El periodismo riguroso, basado en datos contrastados y contextualización, constituye una herramienta fundamental para preservar una esfera pública saludable. Sin prensa independiente no puede existir la democracia.

La regeneración social requiere además afrontar problemas estructurales que alimentan el malestar ciudadano: la precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, desigualdad territorial o la desigualdad de oportunidades entre los jóvenes. Los discursos extremistas prosperan con mayor facilidad cuando amplios sectores de la población perciben incertidumbre económica y abandono institucional. Defender la democracia implica también garantizar condiciones materiales de dignidad y cohesión social.

Frente a quienes plantean la política como una guerra cultural permanente, España necesita reconstruir espacios de consenso básico. La defensa de los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la libertad de prensa, la independencia judicial y el respeto al pluralismo político deberían permanecer fuera de la confrontación política.

Sin Embargo, quiero ser optimista, porque pese al actual clima de crispación, existen razones para evitar el derrotismo. España sigue siendo una democracia consolidada integrada en la Unión Europea, con instituciones estables, una sociedad civil activa y una ciudadanía ampliamente comprometida con las libertades públicas, y todo ello hace plausible ese empeño de regeneración política y social. La democracia no es un patrimonio asegurado, hay que cuidar de ella, protegerla y renovada constantemente.


Añadir comentario

Comentarios

Todavía no hay comentarios