El caro coste democrático del acuerdo PP-Vox en Andalucía
Specula.
Julio/26.
<<No se trata de discutir la legitimidad de un pacto entre partidos elegidos en las urnas. Lo que sí debe debatirse es qué se pacta y con quién. Porque, cuando la gobernabilidad depende de una fuerza política que cuestiona pilares básicos del Estado social y democrático de derecho, el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en un asunto de calidad democrática.>>
El juego de la política tiene una virtud y un riesgo. La virtud es que obliga a negociar; el riesgo es que no todas las negociaciones tienen el mismo precio. El acuerdo que garantiza la estabilidad parlamentaria del Gobierno andaluz durante toda la legislatura entre el Partido Popular y Vox no puede analizarse únicamente en términos de aritmética parlamentaria. Su verdadero alcance está en el modelo de democracia escasa que contribuye a consolidar.
No se trata de discutir la legitimidad de un pacto entre partidos elegidos en las urnas. Lo que sí debe debatirse es qué se pacta y con quién. Porque, cuando la gobernabilidad depende de una fuerza política que cuestiona pilares básicos del Estado social y democrático de derecho, el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en un asunto de calidad democrática.
Sin cerrar parlamentos o suspender elecciones, una democracia puede retroceder. Los pasos atrás del siglo XXI son mucho más sutiles. Empiezan cuando se desacreditan las instituciones independientes, cuando se presenta a los medios de comunicación críticos como enemigos, cuando las organizaciones sociales pasan a ser sospechosas por el mero hecho de defender derechos, cuando la memoria democrática se convierte en un estorbo y cuando las políticas de igualdad dejan de considerarse una obligación pública para transformarse en una concesión ideológica.
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía.
Foto: J.A
Ese es el marco político que Vox ha conseguido instalar en buena parte del debate público y que el Partido Popular ha terminado por tragar como un coste aceptable de la gobernabilidad. No es necesario que Vox ocupe muchas consejerías para influir en el Gobierno. Basta con que marque las líneas rojas, condicione los presupuestos y obligue al Ejecutivo a incorporar a su agenda cuestiones que hace apenas unos años estaban fuera del consenso democrático.
Cada cesión puede parecer menor. Una modificación presupuestaria, una ley revisada, un cambio de prioridades, una declaración institucional que desaparece. Pero la suma de pequeñas renuncias acaba produciendo grandes transformaciones. La democracia se erosiona precisamente así: normalizando lo que antes resultaba inaceptable.
Manuel Gavira, líder de VOX en Andalucía.
Foto: Europa Press
Especialmente inquietante resulta la aceptación de un discurso que enfrenta derechos entre sí, que convierte a las personas migrantes en un problema político, que trivializa la violencia machista o que presenta la diversidad como una amenaza para la convivencia. No son simples discrepancias ideológicas. Son planteamientos que debilitan el principio de igualdad sobre el que descansa nuestra Constitución y deterioran la cultura democrática construida durante casi medio siglo.
El Partido Popular insiste en que quiere gobernar en solitario, aunque de facto eso no ocurra, y que mantiene intacto su proyecto político. Sin embargo, los hechos muestran otra realidad. Cuando un gobierno modifica sus decisiones para garantizar el apoyo de quien pretende desmantelar políticas públicas consolidadas, ese apoyo deja de ser externo para convertirse en un factor determinante de la acción de gobierno; quienes reniegan de los principios básicos de la democracia están, en la práctica, en el propio Gobierno, con mando en plaza. La estabilidad tiene un precio. Y ese precio no puede medirse únicamente en los dos votos parlamentarios que necesitaba el PP para formar gobierno.
El pacto de gobierno suscrito por Moreno Bonilla y Gavira, abre la puerta a un gobierno de coalición de extrema de recha en Andalucía.
Foto: EFE
Andalucía merece gobiernos estables. Pero merece, sobre todo, gobiernos comprometidos con la ampliación de derechos, el pluralismo y la defensa de las instituciones democráticas. La estabilidad nunca debería alcanzarse sacrificando los consensos constitucionales que han permitido el mayor periodo de libertad, progreso y convivencia de nuestra historia reciente. Sin embargo, la realidad es muy otra tras el pacto de gobierno con la ultraderecha de Vox.
Porque el deterioro democrático rara vez llega de forma abrupta. Avanza cuando se normaliza el lenguaje del enfrentamiento, cuando los derechos dejan de entenderse como patrimonio común y cuando la ciudadanía termina aceptando que determinadas libertades son negociables. Ese es el verdadero riesgo del acuerdo entre PP y Vox: no solo garantiza una legislatura; contribuye a desplazar el centro de gravedad de nuestra democracia hacia posiciones donde los derechos se discuten, las instituciones se debilitan y el pluralismo deja de ser una fortaleza para convertirse en una molestia.
Las democracias no se pierden de golpe. Se desgastan cuando quienes tienen la responsabilidad de protegerlas consideran que todo puede formar parte de una negociación. Y hay principios que, sencillamente, no deberían tener precio. Pero Moreno ha entregado su «reino de moderación y centralidad» a cambio del poder durante cuatro años más.
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