Madrid S.A
Daniel Martín.
Agosto/26.
"Los madrileños estamos indefensos ante una política ideada y desarrollada para beneficiar la cuenta de resultados de las compañías privadas y los beneficios de un puñado de privilegiados"
La Comunidad de Madrid es un magnífico negocio para unos cuantos. La crisis de los incendios no solo ha destapado la incapacidad para afrontar una emergencia que devora nuestro monte y que ha tenido que ser «delegada» en el Gobierno central; es que esta situación de emergencia ha dejado al descubierto una gestión política incapaz de garantizar medios básicos a quienes sostienen el Estado.
Los madrileños estamos indefensos ante una política ideada y desarrollada para beneficiar la cuenta de resultados de las compañías privadas y los beneficios de un puñado de privilegiados, priorizando estos sobre las necesidades más básicas de una población sumida en el caos administrativo y la escasez de presupuesto para casi todo lo necesario, pero que, sin embargo, derrocha recursos públicos en cuestiones superfluas y alimenta los balances de las compañías privadas.
La política económica de la Comunidad de Madrid se ha consolidado en los últimos años sobre tres pilares: bajadas fiscales, aumento del gasto social e incremento sostenido de las inversiones. Un plan que, según el Gobierno de Ayuso, busca dinamizar la economía y atraer empresas. Sin embargo, este modelo plantea muchas dudas sobre su impacto real en la ciudadanía, dada su creciente dependencia de eso que desde la Presidencia de la Comunidad se define como «colaboración público-privada», para no hablar abiertamente de privatización de los servicios públicos.
Los datos cantan. Madrid ha aprobado 34 bajadas de impuestos desde 2019, incluyendo dos deflactaciones del IRPF autonómico. Según la propia Comunidad, estas rebajas han supuesto, en la última década, un ahorro de más de 74.000 millones de euros para los contribuyentes con residencia fiscal en el paraíso madrileño o, dicho de otro modo, 74.000 millones que la Comunidad ha dejado de recaudar.
El Presupuesto de 2026 asciende a 30.663 millones de euros, un 6,98 % más que en 2025, con casi el 90 % del gasto destinado a políticas sociales como sanidad, educación y servicios sociales.
Este presupuesto, a priori, parece eso: «social». Sin embargo, si buceamos en los detalles, nos damos cuenta de que este crecimiento presupuestario conlleva un aumento significativo de las inversiones en infraestructuras y proyectos gestionados mediante fórmulas de colaboración «público-privada», sin que la Administración especifique qué porcentaje de estas partidas se canaliza directamente hacia empresas privadas, cuando buena parte de esos servicios y esas grandes obras se ejecuta a través de contratos externalizados.
Las rebajas fiscales de Ayuso han reducido la recaudación autonómica, lo que obliga a Madrid a compensar su presupuesto mediante el «dinamismo económico» —deuda—. Una política fiscal, o de ingeniería fiscal, que tiene un impacto negativo sobre el ciudadano que, al depender hoy de forma extrema de la "externalización" de servicios públicos básicos, no solo está poniendo en peligro los servicios públicos del futuro, sino también el crecimiento económico de la Comunidad, que difícilmente podrá sostenerse si la economía general se desacelera. Y entonces...
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