El Derecho a Vivir frente al precio de existir
Carmen Prieto Gómez.
Noviembre/26.
Hay preguntas que una sociedad debería hacerse antes de acostumbrarse a sus propias contradicciones. Una de ellas es qué significa vivir dignamente cuando hasta las condiciones más elementales de la existencia parecen haberse convertido en privilegios reservados a quienes pueden pagarlos.
Tener una vivienda, alimentarse adecuadamente, acceder a la sanidad, recibir cuidados durante la vejez o atravesar una enfermedad sin que la economía familiar se derrumbe no deberían ser aspiraciones extraordinarias. Son condiciones que permiten que una vida humana pueda desarrollarse con dignidad. Sin embargo, cada vez resulta más difícil ignorar la distancia entre los derechos que proclamamos y las posibilidades reales que tiene una parte de la población para ejercerlos.
Y es precisamente ahí donde surge una cuestión ética fundamental: ¿puede una sociedad considerarse justa cuando reconoce formalmente la dignidad de todos sus miembros, pero tolera que las condiciones materiales determinen quién puede ejercerla?
La dignidad humana no debería depender del saldo de una cuenta bancaria, del código postal, de la edad, del estado de salud o de la capacidad de producir beneficios económicos. Una persona no adquiere más valor por tener una vivienda en propiedad, un empleo bien remunerado o una vida libre de dificultades. Su valor no procede de lo que posee, sino de su condición humana.
Sin embargo, hemos aprendido a convivir con una contradicción inquietante: defendemos la igualdad como principio moral mientras aceptamos desigualdades que condicionan profundamente la libertad real de las personas.
Porque ¿qué significa ser libre si una parte considerable de tus ingresos desaparece antes de que termine el mes para pagar un techo? ¿Qué autonomía tiene quien debe elegir entre atender una necesidad médica y cubrir otros gastos básicos? ¿Qué posibilidades de construir un proyecto vital tiene quien vive permanentemente bajo la amenaza de no poder sostenerlo económicamente?
La libertad no consiste únicamente en que nadie nos prohíba elegir.
También requiere que existan unas condiciones mínimas que hagan posibles nuestras elecciones. De lo contrario, corremos el riesgo de confundir la libertad jurídica con una libertad meramente teórica: reconocida sobre el papel, pero inaccesible para quienes carecen de recursos.
Una persona puede ser legalmente libre y, al mismo tiempo, vivir condicionada por la necesidad hasta el punto de que sus decisiones apenas respondan a sus deseos. Cuando la preocupación por llegar a fin de mes ocupa todo el espacio mental, planificar el futuro se convierte en un lujo. Cuando la vivienda absorbe una parte desproporcionada de los ingresos, la posibilidad de ahorrar, descansar, formarse o abandonar una situación laboral abusiva queda seriamente limitada.
No todas las desigualdades son injustas por definición, ni todas las dificultades pueden resolverse mediante una única respuesta política.
Pero una sociedad que aspire a ser ética debería preguntarse qué desigualdades está dispuesta a tolerar, cuáles considera evitables y qué responsabilidad asume ante quienes quedan atrapados en ellas.
Porque no es lo mismo aceptar que las personas tenemos capacidades, circunstancias y trayectorias diferentes que asumir como inevitable que alguien no pueda acceder a una vivienda digna mientras la vivienda se convierte, para otros, en una oportunidad de acumular riqueza. No es lo mismo reconocer el valor del esfuerzo que ignorar las condiciones de partida desde las que cada persona se esfuerza.
Existe una tendencia preocupante a juzgar a quienes atraviesan dificultades como si sus circunstancias fueran siempre el resultado de sus decisiones. Si alguien no puede pagar un alquiler, le preguntamos por qué no se ha organizado mejor.
Si una familia necesita ayuda, sospechamos de su esfuerzo. Si una persona enferma no consigue salir adelante, olvidamos que no todas las batallas dependen de la voluntad y que no siempre basta con esforzarse para superar los obstáculos.
Así que, desde mi punto de vista, nadie debería tener que demostrar que merece vivir con dignidad.
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