¿El PP pondría un millón de euros para comprar la democracia?
Specula.
Noviembre/26.
Hay noticias que no pueden despacharse con una nota de prensa, un desmentido de circunstancias o una pirueta dialéctica. Lo que hemos conocido sobre el Partido Popular y su presunta oferta económica a Koldo García es una de ellas. Y no porque la palabra de Koldo deba aceptarse sin reservas —está condenado por corrupción y su credibilidad debe siempre someterse a escrutinio—, sino porque la gravedad de lo relatado exige explicaciones que, hasta ahora, ni han llegado ni parece que vayan a llegar.
Según la información publicada por la Cadena SER, Koldo García afirma que el abogado del PP Alberto Durán le ofreció pagar su defensa, facilitar una rebaja de su condena y entregarle un millón de euros a cambio de declaraciones contra Pedro Sánchez, su esposa y otras figuras políticas, incluso mintiendo. La operación, según su versión, habría contado con la intermediación de Eduardo Inda y la empresa editora de OKDIARIO. El PP lo niega. Pero hay facturas, pagos documentados por la defensa y fuentes que, según la emisora, corroboran los contactos. Hay materia suficiente para exigir una investigación rigurosa y explicaciones públicas.
Y aquí aparece la pregunta verdaderamente inquietante: ¿desde cuándo un partido político se considera legitimado para negociar ventajas judiciales, dinero y testimonios a la carta? ¿Quién puede prometer una rebaja de condena? ¿Con qué autoridad? Y ¿qué clase de estrategia política necesita comprar declaraciones para perjudicar a un presidente elegido democráticamente?
Si los hechos se confirman, no estaríamos ante una simple maniobra de oposición ni ante una operación de comunicación. Estaríamos ante un intento de fabricar material contra un adversario político mediante incentivos económicos y judiciales. Eso no es fiscalización del Gobierno. Eso es dinamitar, una vez más, las reglas del juego democrático.
El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene una obligación ineludible: explicar qué papel desempeñó su abogado, por qué se produjeron esos encuentros, quién pagó la defensa de Koldo y qué relación tuvo la dirección del partido con todo ello. No vale esconderse detrás de la credibilidad del personaje que denuncia. Si Koldo miente, que se demuestre. Pero si lo que cuenta es cierto, la gravedad institucional sería extraordinaria.
Hay, además, una dimensión especialmente peligrosa: la posible conexión entre dinero, intereses mediáticos y estrategia judicial. Cuando una declaración interesada puede convertirse en una entrevista, después en un titular y finalmente en munición política, la frontera entre información, propaganda y manipulación se vuelve peligrosamente difusa. La democracia necesita medios libres, tribunales independientes y partidos que respeten las reglas. No necesita operaciones de derribo, ni comportamientos mafiosos, ni las inmundicias políticas que, sin rubor alguno, ofrece la derecha de este país.
La oposición tiene todo el derecho a investigar, denunciar y exigir responsabilidades. Lo que no tiene es derecho a utilizar cualquier medio para alcanzar el poder. El Gobierno puede ser criticado, sus miembros investigados y sus errores denunciados. Pero ningún partido puede arrogarse la facultad de fabricar acusaciones, comprar testimonios o convertir la justicia en un instrumento de combate partidista.
Lo más grave no es solamente el millón de euros del que habla Koldo. Lo más grave es la lógica que se esconde detrás de esa presunta operación: que todo vale si el objetivo es acabar con el adversario.
Feijóo debe dar la cara. No por cortesía parlamentaria, sino por responsabilidad democrática. Porque las instituciones no son propiedad del PP, ni del PSOE, ni de ningún otro partido. Son patrimonio de todos.
Y cuando alguien pretende utilizarlas como armas para conquistar el poder, lo que está en juego no es quién ocupa La Moncloa. Es la propia democracia la que queda en tela de juicio.
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