Julio Iglesias. ¿Truhan, o señor?
El Comunero.
Febrero/26.
La denuncia de varias empleadas de Julio Iglesias, uno de las "marca España" más internacionales, ha revuelto el panorama no solo mediático en nuestro país, también, y como por desgracia viene siendo habitual, también político, con una oposición destructiva que aprovecha cualquier cosa para confrontar con un gobierno al que es incapaz de oponer argumentos políticos.
El caso de la denuncia por abusos sexuales y vejaciones interpuesta por varias empleadas del cantante Julio Iglesias, de 83 años y que desde hace algunos años se encuentra completamente alejado del escenario público, llevando una vida discreta entre Bahamas y la República Dominicana, ha alterado la tranquilidad de la que ha venido gozando, cuando hace unas semanas dos extrabajadoras que han prestado servicio en la casa del interprete, lo han denunciado y comenzado a contar que el madrileño les hizo vivir un auténtico "infierno" en un ambiente de intimidación, abuso y acoso, en el que se contrataba a mujeres por su aspecto y se las sometía a preguntas inapropiadas de Iglesias sobre sus preferencias sexuales y su anatomía.
La denuncia se hizo pública en enero y en las semanas sucesivas se abrieron distintos frentes, entre ellos el político, en el que medios de comunicación, famosos y miembros de la casta política han tomado partido, a favor del cantante, mientras que por otro lado colectivos de izquierda, feministas y también miembros del mundo del espectáculo pusieron en duda la honorabilidad de Iglesias, llegando a solicitar a distintas administraciones la retirada de honores a Julio Iglesias, una de las figuras más internacionales que pasea el nombre de España por el mundo.
Julio Iglesias no es solo una gloria nacional, también una figura envuelta en polémica por su declara simpatía política hacia el Partido Popular, también por sus relaciones bajo sospecha con las administraciones populares y ciertos contratos nada claros como el que lo vinculó a la Generalitat valenciana en los tiempos de la presidencia de Eduardo Zaplana, así como su "españolidad" descafeinada al tributar, o mejor dicho al no tributar, fuera de España y sus "roces" con la Hacienda española.
Los delitos por los que el interprete fue acusado, y por los que la fiscalía tomó declaración a las exempleadas del cantante, podían ser constitutivos de delitos muy graves, como la trata de seres humanos o delitos contra la libertad sexual.
La ONG, Women’s Link Worlwide que representa a las denunciantes advierte que las mismas habrían sido víctimas en presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.
Por su parte, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que, “jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias”, la ministra de igualdad, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones manifestó que las acusaciones se investigarían “hasta el final”, porque no podía haber “ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad”. Y añadió: “No vamos a mirar hacia otro lado”.
Después del revuelo generado y la atención mediática suscitada, tras tomar declaración a las dos mujeres, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decretado el archivo de las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada contra el cantante al considerar que los tribunales españoles carecen de jurisdicción para examinar los hechos referidos.
En sus argumentos, la Fiscalía incide en que "la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español", y también que las personas denunciadas "ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias".
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