Asuntos y pactos de estado
Gregorio Duque.
Octubre/25.
Los pactos de 1977.
Los Pactos de la Moncloa se firmaron para asegurar la paz social en tiempos de crisis económica y gran conflictividad laboral, sentaron las bases para el pacto de la Constitución de 1978. Fueron dos acuerdos, uno económico y otro político, firmados el 25 de octubre de 1977 en el Palacio de la Moncloa por Adolfo Suárez (Presidente del gobierno), Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD), Felipe González (Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (Partido Socialista Popular), Josep Maria Triginer (Federación Catalana del PSOE), Joan Reventós (Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (Convergència i Unió). Manuel Fraga (Alianza Popular) solo firmó el acuerdo económico.
Los dos acuerdos fueron uno económico y otro político:
El acuerdo económico( Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía) presentaba dos tipos de medidas. Las primeras, a corto plazo, muy concretas y para su puesta en marcha inmediata y, las segundas, a medio y largo plazo, con promesas de racionalización del sistema.
Principales medidas económicas de los Pactos:
1.- Reducción salarial del 10 %. Con una inflación en el momento de la firma del 30 % el incremento de los salarios se limita al 20 %.
Para garantizar el cumplimiento y evitar que los sindicatos no firmantes del acuerdo puedan llegar a pactar convenios por encima del 20 % se establece, para las empresas donde esto ocurra, el despido del 5 % de la plantilla y la retirada de las ayudas fiscales y crediticias.
2.- Restricción de la política monetaria. Se reduce el crecimiento de los créditos afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas.
3.- Libertad de despido. En los puestos de trabajo de nueva creación ocupados por jóvenes se podrá despedir libremente durante los dos primeros años.
4.- Ninguna novedad en reforma fiscal. Se cuela en el acuerdo como contrapartida económica progresista la reforma de la imposición directa que ya se había aprobado en el Congreso de los Diputados.
5.- Promesas de reforma del sistema. Se prometen para el futuro la reforma de los sectores público, sistema financiero, urbanismo, energía, etc.
A la única promesa que se concreta, 700.000 puestos escolares en un año, no se la dota del presupuesto suficiente para realizarla.
El acuerdo político (Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política) se planteó como contrapartida a las duras medidas económicas.
Sin embargo, dichas contrapartidas no fueron tales. El acuerdo político incluyó:
1.- Libertades ya existentes en el momento de la firma de los Pactos. Se agregaron a los Pactos para dar una imagen de contrapartida. En este grupo se integran la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa como las más destacadas, que ya existían y que estaban en los programas de todos los partidos.
2.- La despenalización del adulterio y el amancebamiento. Esta fue, seguramente, la única contrapartida real de los Pactos.
3.- Limitación de la libertad sindical. Se impiden por ley la posibilidad de acuerdos contrarios al Pacto en la negociación sindical, convirtiendo a los sindicatos en meros policías guardianes de un acuerdo que no les beneficia.
Un año después, en 1978, tenemos el pacto constitucional. El suyo fue un relato cargado de desencuentros, rupturas, sobresaltos, y acercamientos. Todo dominado por una decisión compartida: no romper una vez más la convivencia pacífica entre españoles. En junio de 1977 se habían celebrado las primeras elecciones libres de los últimos 40 años y la coalición UCD, presidida por Suárez, obtuvo 166 escaños, seguida por el PSOE con 118. A una enorme distancia los electores habían situado al Partido Comunista que sólo obtuvo 19 escaños. Muy cerca del PCE se colocó Alianza Popular, liderada por Manuel Fraga que se había presentado rodeado de ex ministros de Franco, lo que valió a la candidatura el apodo de «Los siete magníficos». Los nacionalistas catalanes en coalición con otras fuerzas catalanistas se alzaron con 11 escaños y los vascos obtuvieron 8 diputados. Un mes después, se constituyó las Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que salieron los siete ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto constitucional. El primer problema que se planteó es que de esos siete ponentes constitucionales habían quedado excluidos los nacionalistas vascos y catalanes. Al final, el PSOE cedió uno de sus puestos en favor de Miquel Roca, quien se comprometió a defender también las posiciones de la minoría vasca, que quedó fuera de la ponencia. Las discrepancias aparecieron desde el primer momento, como no podía ser de otro modo: la forma del Estado; la unidad de España; la organización territorial; el reconocimiento o no de las nacionalidades; la no confesionalidad del Estado; el divorcio; la pena de muerte; los derechos y libertades de los ciudadanos… La simple enumeración de estas cuestiones da idea de la enorme distancia que separaba a unos partidos de otros. El espíritu de consenso que alumbró la Constitución no fue el resultado de una concordia de origen, sino del fruto de un esfuerzo difícil, largo y sostenido por todos para lograr la España democrática.
Pacto para el desarrollo autonómico (1981).
El clima de inestabilidad que se respiraba tras la dimisión de Suárez y el intento de golpe de Estado el 23F marcaron un punto de inflexión en la política autonómica que hacía cada vez más necesario delimitar. Calvo Sotelo como presidente del Gobierno y Felipe González como líder del PSOE plasmaron las conclusiones del informe de una comisión de expertos dirigida por el jurista Eduardo García de Enterría, que recogieron el nuevo mapa autonómico, su estructura organizativa y la armonización de todo el proceso a través de una ley orgánica. La década de los 80 estaría marcada por la reticencia del Gobierno central a transferir algunas competencias. En 1987, cumplidos los cinco años desde la aprobación de los estatutos, muchas se rebelaron para ampliar su techo competencial. El problema no se resolvería hasta 1992 con el segundo gran pacto autonómico, firmado entre el entonces presidente Felipe González y el líder del PP, José María Aznar. Se fijó así el marco para transferir 32 nuevas competencias, incluida la de Educación, en un intento de igualar a las comunidades de “vía lenta” con las “históricas”.
Los tres pactos contra el terrorismo de ETA (1987-2000).
Partiendo de la consideración de que el terrorismo era un asunto de Estado, el 5 de noviembre de 1987, en el Congreso de los Diputados, PSOE, AP, CDS, CIU, PNV, PDP, PL, PCE y EE firmaron el Acuerdo de Madrid contra el terrorismo. Un año más tarde, y tras 50 horas de negociación, las fuerzas políticas vascas, con la excepción de Herri Batasuna, cerraron en enero de 1988 un pacto por la pacificación y la normalización de Euskadi. PNV, PSE, Eusko Alkartasuna, Euskadiko Ezkerra, AP y CDS suscribieron un documento que el entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, calificó de esencial para la derrota de ETA.
En 2005, el PSOE con Zapatero de presidente solicitó al Congreso permiso para abrir un proceso de diálogo con ETA si la banda abandonaba la violencia. El texto fue respaldado por todos los grupos, excepto el PP. Su presidente, Mariano Rajoy, declaró ese día: “Un Parlamento democrático que representa a la soberanía ha dado a ETA el título de interlocutor político”. Nada dijo, sin embargo, de anteriores negociaciones con la banda, incluida la que impulsó Aznar, y sin autorización previa del Parlamento. El acuerdo antiterrorista saltó por los aires con los atentados del 11-M, cuando el PP convirtió la masacre en los trenes de Atocha en munición política contra los socialistas, que habían ganado las elecciones tres días después de la matanza en Madrid y regresado al Gobierno.
Pacto de Toledo (1995).
A propuesta de CiU, el pleno del Congreso aprobó una Proposición no de Ley para una ponencia en la Comisión de Presupuestos con el objetivo de elaborar un informe en el que se analizarían los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y se indicarán las principales reformas que debían acometerse. El plan era garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Catorce meses después, nacía el Pacto de Toledo, llamado así porque el acuerdo final se fraguó en una reunión en el Parador de la capital manchega entre representantes de PP, PSOE, CiU e IU. Todos se comprometieron a dejar fuera del debate electoral las pensiones y a acometer por consenso para que el sistema fuera sostenible a largo plazo, las reformas en la Seguridad Social. El acuerdo perduró hasta que en 2011 con Rajoy en el Gobierno el Consejo de Ministros suprimió el IPC como fórmula para la revalorización anual. Luego hubo intentos para su reconstrucción y fue Podemos en 2018 el que impidió un nuevo consenso ante la cercanías de las elecciones de 2019.
Pacto por la Justicia (2001).
Con Zapatero como jefe de la oposición, el PSOE impulsaría, además del acuerdo contra ETA, un pacto para despolitizar la Justicia. Lo suscribieron el secretario de Libertades Públicas socialista, Juan Fernando López Aguilar, y el secretario general del PP, Javier Arenas, y perseguía cerrar el debate sobre el polémico sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acuerdo implicaba cambiar una veintena de leyes para modificar las competencias de los altos tribunales, introducir criterios de productividad en las retribuciones de jueces y fiscales e informatizar y reorganizar la oficina judicial para agilizar los procesos. El acuerdo se mantuvo hasta la siguiente renovación de los órganos constitucionales que, ya con el PSOE en La Moncloa, volvió a ser por parte de la derecha motivo de bloqueo.
Pacto contra la violencia machista (2017).
La ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 marcó el inicio en España de una batalla inconclusa que tiene como objetivo garantizar la integridad de las mujeres y evitar la violencia estructural ejercida contra ellas. La norma trajo consigo la adopción de medidas concretas que empezaron a combatir y visibilizar el maltrato que históricamente han sufrido las mujeres en el ámbito privado. Además, sirvió para que el foco se pusiera en el castigo del maltratador y para otorgar a las víctimas recursos de ayuda y defensa. Pero no sería hasta 2017, con el PP en el Gobierno, cuando los partidos políticos sellaron un acuerdo histórico en esta materia. El pacto de Estado contra la violencia de género buscaba que las mujeres y sus hijos estuvieran protegidas en todo momento, incluso desde que su médico de cabecera identificase el más mínimo indicio de maltrato, adoptando una serie de medidas no contempladas en la Ley y dotando a éstas de contenido económico.
En abril de 2020, en pleno auge de la pandemia, Pedro Sánchez se dirigió a los españoles señalando lo siguiente: “Deberemos pasar a una unidad sin duda alguna más fuerte y más compacta”, propuesta con la que el presidente del Gobierno invitaba a la reedición de “los Pactos de la Moncloa”, que “lograron conjurar gravísimas amenazas” para la “economía y democracia”. De los partidos estatales, sólo Ciudadanos se manifestó proclive a la firma de un gran pacto de Estado, negándose Pablo Casado y Santiago Abascal incluso a coger el teléfono para debatir sobre el mismo.
Desde entonces, que yo recuerde, únicamente se ha presentado por el Gobierno una propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática que, siendo tan urgente, no se ha tenido en cuenta que la totalidad de las fuerzas políticas con representación parlamentaria tienen que ser conocedores, partícipes y ponentes en el mismo, a los efectos de que si por ejemplo, alguien proponga medidas de contenido económico, alguien tenga que decirle que en tanto no haya Presupuestos aprobados, no puede haber una nueva partida, como no podremos adquirir nuevos hidroaviones ni realizar infraestructuras de embalses. Lo que sí podría hacerse es ordenar que los nuevos apartamentos y hoteles que se multiplican por zonas áridas de la costa española coloquen mamparas y platos de ducha y no se permita que las administraciones racionemos el agua a base de grifos botón para que toda una familia de Reino Unido pueda llenar la bañera uno a uno durante una semana.
Ya desde 1978 se señaló lo que era competencia del Estado y lo que, por tanto, son asuntos de Estado. A día de hoy vemos que una competencia asumida desde 1978 por las Comunidades Autónomas como es vivienda, es regulada bajo un supuesto derecho fundamental que no lo es, efectuando injerencias a las competencias autonómicas que deberá resolver el Tribunal Constitucional, así como se pretende reformar por la vía de acuerdo de partidos la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas o la posición en asuntos internacionales del España, o no tomar como asunto de Estado la crisis migratoria que está llevando a media Europa a la deriva del club de los patriotas.
El tema no es proponer pactos de Estado y practicar un cordón sanitario. A nadie. Desde el momento que el partido político está legalizado y obtiene representación parlamentaria, la única diferencia entre unos y otros es ideológica, se llame VOX, Junts o Bildu. Pero claro, lo mismo que digo lo anterior, reclamo que no debe sustituirse un Pacto de Estado por un acuerdo con un socio de gobierno sobre materias de Estado.
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